Aznar ante Irak

El descubrimiento en un búnker iraquí de 11 cabezas de misiles en perfecto estado y capaces de llevar armas químicas, fabricados posiblemente hace 10 años, ha aumentado la tensión y la confusión y puesto en un brete al régimen de Sadam Husein, en quien recae, según la resolución 1.441 del Consejo de Seguridad, la obligación de informar qué ha hecho con sus armas de destrucción masiva sin esperar a que los inspectores las descubran. Es una evidencia ahora demostrada que Bagdad no colabora suficientemente, como se quejó ayer el jefe de los inspectores internacionales. Pero también es razonable, ...

El descubrimiento en un búnker iraquí de 11 cabezas de misiles en perfecto estado y capaces de llevar armas químicas, fabricados posiblemente hace 10 años, ha aumentado la tensión y la confusión y puesto en un brete al régimen de Sadam Husein, en quien recae, según la resolución 1.441 del Consejo de Seguridad, la obligación de informar qué ha hecho con sus armas de destrucción masiva sin esperar a que los inspectores las descubran. Es una evidencia ahora demostrada que Bagdad no colabora suficientemente, como se quejó ayer el jefe de los inspectores internacionales. Pero también es razonable, como piden Hans Blix y el jefe del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), Mohamed el Baradei, que los inspectores dispongan de más tiempo para completar su labor. Sólo les quedan 11 días para presentar lo que algunos ven como el fatídico informe ante el Consejo de Seguridad.

En ese Consejo está España, a la que la crisis de Irak toca de lleno. Para empezar, por la dimensión moral de una eventual guerra que no sólo no debería producirse, sino que es evitable. España está directamente implicada por su relación bilateral con EE UU, que puede hacer uso de las bases de utilización conjunta sólo si el Gobierno se lo autoriza; por su pertenencia a la OTAN, a la que Estados Unidos ha pedido ya formalmente apoyo logístico y de patrulla; por la presencia de buques de la Armada española en el Cuerno de África en el ámbito de la Operación Libertad Duradera, que podrían verse involucrados, y por su condición de miembro durante dos años del Consejo de Seguridad. Los cuatro miembros de la Unión Europea que se sientan en el máximo órgano de Naciones Unidas están obligados a concertar sus posiciones, que hasta ahora aparecen divididas en dos bloques. A todo ello debe sumarse la incidencia que puede tener sobre el vecino Magreb lo que ocurra en Irak.

La gravedad de la situación debe llevar al Gobierno a impulsar un consenso con la oposición, cuyo punto de partida puede ser la mínima exigencia de una segunda resolución del Consejo de Seguridad. Al negar su necesidad, en contra de la opinión franco-alemana, el Gobierno contribuye a restar legitimidad al Consejo de Seguridad justo cuando se sienta en él. Nunca antes la España democrática se ha visto en tal grado de implicación en un conflicto internacional de alcance global ni, caso único en Europa, con tal falta de información y explicación de los criterios del Gobierno en esta crisis.