El área metropolitana de Barcelona propone una gestión autónoma para el aeropuerto

Municipios, sindicatos y el sector económico quieren explotar conjuntamente El Prat El consorcio aportaría fondos para los aeropuertos deficitarios

Todos a una. Los 36 municipios del área metropolitana, las principales organizaciones empresariales -Fomento del Trabajo, Cámara de Comercio, Puerto, Zona Franca y Fira- y los sindicatos han suscrito una propuesta que plantea un nuevo modelo de gestión del aeropuerto de Barcelona. La iniciativa, tomada en el marco de elaboración del Plan Estratégico Metropolitano de Barcelona, supone la creación de un consorcio o sociedad para gestionar El Prat.

La iniciativa será presentada formalmente al Gobierno catalán, primero, y después se planteará ante la Administración central. Es una demanda f...

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Todos a una. Los 36 municipios del área metropolitana, las principales organizaciones empresariales -Fomento del Trabajo, Cámara de Comercio, Puerto, Zona Franca y Fira- y los sindicatos han suscrito una propuesta que plantea un nuevo modelo de gestión del aeropuerto de Barcelona. La iniciativa, tomada en el marco de elaboración del Plan Estratégico Metropolitano de Barcelona, supone la creación de un consorcio o sociedad para gestionar El Prat.

La iniciativa será presentada formalmente al Gobierno catalán, primero, y después se planteará ante la Administración central. Es una demanda formulada en distintos ámbitos y por diferentes instituciones y partidos, pero es la primera vez que se plasma como un frente común, liderado por los municipios y con el consenso social y económico. El Gobierno catalán insistió en puntualizar que esa propuesta ya la había defendido la Generalitat en el Ministerio de Fomento.

El caos que vive periódicamente el aeropuerto de Barcelona -desde la pérdida de maletas a retrasos en los vuelos derivados del reparto de slots (derechos de vuelo)-, la evidencia de que Barcelona no recibe la inversión que le correspondería por su volumen de pasajeros y el contexto de transformación del mercado aeroportuario son los tres detonantes de la elaboración de una propuesta concreta, según explicó Josep Miquel Abad, responsable de la comisión de estrategia del Plan.

Precisamente Abad reapareció ayer en público tras más de una década de su protagonismo como máximo responsable de la organización de los Juegos Olímpicos. Y el momento escogido, dado que el plan estratégico se encuentra en fase de elaboración, obedece, según Abad, a la intención de desligar la propuesta de las campañas electorales que se avecinan. "No se trata de nada del otro mundo porque el modelo que se defiende es el que ya existe en otros países de Europa y, además, en Barcelona ya se ha aplicado", resumió Abad.

Tanto Abad como el alcalde de Barcelona, Joan Clos, coincidieron en que hay señales de que el Gobierno ha cambiado de orientación y parece estar más abierto a la liberalización. En ese sentido, la propuesta pretende ir hacia un modelo mixto y no hacia una privatización total. "Creemos que hay margen para hablar", insistió Abad.

"Se propone crear un órgano, sociedad mercantil o consorcio, para dirigir la gestión empresarial del aeropuerto. La sociedad estaría formada por las administraciones - central, Generalitat y las administraciones locales- que no intervendrían en la gestión. Ésta debería ser completamente profesionalizada", señaló Abad.

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Es el sistema de funcionamiento de la mayoría de los aeropuertos europeos en los que la gestión aeroportuaria está completamente separada de las administraciones públicas, que, sin embargo, participan en el accionariado. De hecho, en Alemania, por ejemplo, los aeropuertos compiten entre sí. Y lo mismo ocurre con los aeródromos italianos.

La sociedad gestora tendría patrimonio, pero se respetaría la titularidad tanto de los terrenos como de las infraestructuras asociadas a los servicios aeroportuarios.

El Estado, según esta propuesta, mantendría sus funciones de servicios de ayuda a la navegación y control del espacio aéreo, ordenación del tráfico aéreo y servicios estatales como aduanas, correos, policía y seguridad exterior, entre otros. La nueva sociedad contribuiría aportando recursos a un fondo de cooperación para ayudar a aquellos aeropuertos españoles que deben mantenerse por razones estratégicas pero que no son capaces de generar recursos suficientes. La propuesta defiende que un aeropuerto trasciende de lo que es estrictamente una infraestructura porque incide en la evolución y desarrollo del territorio. Por eso, plantea que se aceleren las inversiones del Plan Director del Aeropuerto de Barcelona ante la evidencia del desequilibrio frente a Barajas. Entre los años 1994 y 1999 se invirtieron en el aeropuerto madrileño un total de 184,8 millones de euros frente a los 22,7 de Barcelona y Sabadell.Tanto Abad como el alcalde de Barcelona, Joan Clos, coincidieron en que hay señales de que el Gobierno ha cambiado de orientación y parece estar más abierto a la liberalización. En ese sentido, la propuesta pretende ir hacia un modelo mixto y no hacia una privatización total. "Creemos que hay margen para hablar", insistió Abad.

"Se propone crear un órgano, sociedad mercantil o consorcio, para dirigir la gestión empresarial del aeropuerto. La sociedad estaría formada por las administraciones - central, Generalitat y las administraciones locales- que no intervendrían en la gestión. Ésta debería ser completamente profesionalizada", señaló Abad.

Es el sistema de funcionamiento de la mayoría de los aeropuertos europeos en los que la gestión aeroportuaria está completamente separada de las administraciones públicas, que, sin embargo, participan en el accionariado. De hecho, en Alemania, por ejemplo, los aeropuertos compiten entre sí. Y lo mismo ocurre con los aeródromos italianos.

La sociedad gestora tendría patrimonio, pero se respetaría la titularidad tanto de los terrenos como de las infraestructuras asociadas a los servicios aeroportuarios.

El Estado, según esta propuesta, mantendría sus funciones de servicios de ayuda a la navegación y control del espacio aéreo, ordenación del tráfico aéreo y servicios estatales como aduanas, correos, policía y seguridad exterior, entre otros. La nueva sociedad contribuiría aportando recursos a un fondo de cooperación para ayudar a aquellos aeropuertos españoles que deben mantenerse por razones estratégicas pero que no son capaces de generar recursos suficientes. La propuesta defiende que un aeropuerto trasciende de lo que es estrictamente una infraestructura porque incide en la evolución y desarrollo del territorio. Por eso, plantea que se aceleren las inversiones del Plan Director del Aeropuerto de Barcelona ante la evidencia del desequilibrio frente a Barajas. Entre los años 1994 y 1999 se invirtieron en el aeropuerto madrileño un total de 184,8 millones de euros frente a los 22,7 de Barcelona y Sabadell.

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