Chaves pide a Arenas que pague en tres años la deuda presupuestaria

El presidente de la Junta, Manuel Chaves, instó ayer por carta al ministro de Administraciones Públicas, Javier Arenas, a que pague en tres años toda la liquidación presupuestaria pendiente, que cifró en 544,35 millones de euros correspondientes al periodo 1997-2000. Chaves propone que el pago del 2% pendiente de la Participación en los Ingresos del Estado (PIE) correspondiente a 2001, unos 175 millones, se haga al mismo tiempo que al resto de las comunidades.

Zarrías indicó que cumplir este requerimiento sobre la deuda de 2001 sería una "muestra de buena voluntad" por parte del Gobiern...

El presidente de la Junta, Manuel Chaves, instó ayer por carta al ministro de Administraciones Públicas, Javier Arenas, a que pague en tres años toda la liquidación presupuestaria pendiente, que cifró en 544,35 millones de euros correspondientes al periodo 1997-2000. Chaves propone que el pago del 2% pendiente de la Participación en los Ingresos del Estado (PIE) correspondiente a 2001, unos 175 millones, se haga al mismo tiempo que al resto de las comunidades.

Zarrías indicó que cumplir este requerimiento sobre la deuda de 2001 sería una "muestra de buena voluntad" por parte del Gobierno central y un "paso determinante" para poner fin a los contenciosos abiertos entre ambas administraciones sobre la liquidación del anterior sistema de financiación autonómica y los traspasos pendientes. El consejero de la Presidencia explicó que, en la carta enviada por Chaves a Arenas, se insta al ministro a cerrar un acuerdo sobre los términos acordados en la reunión del 18 de diciembre en Madrid.

Zarrías indicó que para la liquidación del anterior sistema de financiación se han fijado las cuantías correspondientes a cada año del quinquenio 1997-2001 (720 millones de euros en total) y se propone un calendario de pagos.

Este calendario, se desglosa en la carta. En enero de 2003 se pagaría la liquidación a cuenta del ejercicio 1997 (90,25 millones de euros), y en el tercer trimestre de 2003 la correspondiente a 1998 (93,3 millones). También en el presente ejercicio se abonaría la relativa al 2001, deuda que se calcula ronda los 175 millones. En el primer trimestre de 2004 se abonaría la correspondiente a 1999 (110,87 millones). En el mismo periodo de 2005 se pagaría lo pendiente del ejercicio de 2000 (249,93 millones).

Zarrías sostuvo que la aceptación de esta propuesta llevaría aparejada la retirada de todos los recursos planteados por la Junta sobre liquidación presupuestaria. En este punto, Zarrías aclaró que la retirada de estos recursos contencioso-administrativos no incluiría aquellos presentados ante el Tribunal Constitucional por el no reconocimiento del censo real en el anterior sistema de financiación. "Eso es algo implanteable y que no se ha abordado en ninguna de las reuniones que hemos mantenido", apuntó. "La liquidación definitiva [del sistema] se hará cuando el Constitucional falle sobre el censo de población", aseguró.

Voluntad política

En cuanto a las transferencias, Chaves acepta la propuesta de Arenas de que el traspaso de las políticas activas de empleo sea efectivo el 1 de mayo, si bien propone que la Junta participe de la cogestión de las mismas desde el 1 de febrero.

También se propone la negociación más sosegada de otros "traspasos menores" a lo largo del año, como las transferencias de los servicios de la administración de justicia o la política hidráulica.

"Si hay voluntad, el acuerdo estará cerrado antes de finales de enero", indicó Zarrías, quien acusó al Gobierno de "marear la perdiz" en este asunto y emplazó a Arenas a que "no se extenúe tanto o por lo menos que deje de estorbar" en las negociaciones.

La nueva propuesta de Chaves fue respondida ayer mismo por el ministro de Administraciones Públicas. Arenas aseguró que está dispuesto a dialogar "con todas las consecuencias" con la Junta para acabar con la confrontación en torno a la liquidación del anterior sistema de financiación, que calificó de "estéril".

Aún así, el ministro de Administraciones Públicas insistió en que el Gobierno tiene en su poder "informes jurídicos" que sostienen que es imposible pagar las liquidaciones pendientes sin que haya, al menos, una sentencia que obligue a ello, extremo que sólo se cumple en el caso de 1997. Para el resto de años, incluido 2001, la liquidación sólo es posible, según Arenas, si el modelo de financiación deja de estar recurrido ante el Constitucional. "Me permito indicarte que nuestros servicios jurídicos no encuentran ninguna dificultad técnica que imposibilite esta propuesta", dice Chaves en su carta.