Dos de cada tres andaluces mayores de 65 años viven por debajo del umbral de la pobreza
El congreso de la FOAM pide que aumenten las pensiones y no se discrimine a las mujeres
Dos de cada tres mayores viven por debajo del umbral de la pobreza, con unos ingresos medios que rondan los 231 euros por persona y mes, cuando el salario mínimo está fijado en 469 euros. Los datos fueron aportados por la Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores (FOAM), que en su VI congreso, celebrado ayer, exigió un incremento de las pensiones. La FOAM denunció además que cerca del 10% de los ancianos que viven en un centro lo hacen en una residencia ilegal debido a la falta de plazas. La federación calcula que deben crearse 10.000 plazas.
La FOAM estima que dos de cada tres ...
Dos de cada tres mayores viven por debajo del umbral de la pobreza, con unos ingresos medios que rondan los 231 euros por persona y mes, cuando el salario mínimo está fijado en 469 euros. Los datos fueron aportados por la Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores (FOAM), que en su VI congreso, celebrado ayer, exigió un incremento de las pensiones. La FOAM denunció además que cerca del 10% de los ancianos que viven en un centro lo hacen en una residencia ilegal debido a la falta de plazas. La federación calcula que deben crearse 10.000 plazas.
La FOAM estima que dos de cada tres andaluces mayores de 65 años tienen que vivir con unos ingresos de alrededor de 231 euros -lo que los sitúa por debajo del umbral de la pobreza- y que si no fuera por su capacidad de contener gastos y las ayudas de su familia difícilmente cubrirían unos mínimos de subsistencia. "Además de haber vivido mal por la Guerra Civil y la postguerra, siguen viviendo mal. Salen adelante porque siempre han vivido con austeridad y eso les permite subsistir", afirmó el secretario general de la federación, Manuel Ataide.
En el congreso, celebrado en Benalmádena, se exigió al Gobierno central una mejora de las pensiones, la equiparación de las contributivas más bajas con el salario mínimo y que las mujeres, aunque no hayan cotizado, tengan derecho a una jubilación básica siempre que los ingresos familiares no superen los 7.212 euros anuales. Ataide incluso criticó la "discriminación" hacia la mujer que suponen las pensiones de viudedad, ya que si en un matrimonio muere el hombre, la viuda pasa a cobrar el 45% de la jubilación, mientras que si la que fallece es ella, el marido continúa percibiendo el 100%.
El secretario general de la FOAM insistió en que el poder adquisitivo de los pensionistas andaluces está por debajo de la media nacional y urgió al Gobierno central a incrementarlo. La directora gerente del Instituto Andaluz de Servicios Sociales (IASS), Adoración Quesada, coincidió con Ataide en que las pensiones son bajas y recordó que cada tres meses, la Junta abona un complemento para acercarlas al salario mínimo. Por esta medida, el Gobierno demandó a la administración andaluza ante el Tribunal Constitucional, pleito que sigue sin resolverse.
Las discrepancias entre la FOAM y la Junta se produjeron a la hora de hablar de las plazas de residencia que necesita la comunidad, cuestión que compete a esta administración. Ataide estimó que en Andalucía hacen falta unas 10.000, 4.500 con carácter urgente para dar respuesta a otros tantos mayores que están en lista de espera. Según la federación, salvo los casos de emergencia social que se atienden de inmediato, la media de los ancianos tiene que aguardar alrededor de un año para entrar en una residencia. Ataide apuntó que esa falta de plazas provoca que al margen de los 28.000 mayores que viven en residencias públicas, privadas o concertadas, haya unos 3.500 en centros ilegales.
Quesada consideró "falso" que se necesiten 10.000 plazas: "Entre la casa y la residencia hay muchos escalones que hay que aprovechar; la ayuda a domicilio, los centros de día, la teleasistencia". La FOAM calcula que la comunidad tiene 2,6 plazas por cada 100 mayores cuando el Plan Gerontológico Nacional estipula 3,5 plazas. La responsable del IASS cifra esa relación en 3,4 porque no sólo cuenta las plazas de las residencias, sino también las de estancia diurna. Quesada añadió que "la residencia debe ser el último recurso porque ni las familias ni los mayores lo quieren; de hecho, el 30% rechaza la plaza una vez obtenida".
Ataide replicó que con el envejecimiento de la población, la mayor esperanza de vida y la desaparición de la familia como cuidadora si no se crean más plazas, "la situación nos desbordará". También criticó que la ayuda a domicilio beneficie sólo al 1,3% de los mayores cuando debería suponer el 8%.