La democracia como simulacro

El PNV pretende modificar la ley electoral de Álava seis meses antes de la celebración de los próximos comicios locales para conseguir así que los diputados forales no sean designados por ciudadanos sino por hectáreas: la resistencia de la actual Diputación presidida por el PP a los planes del lehendakari Ibarretxe explica ese atentado contra las reglas del juego. Dentro de la estrategia nacionalista orientada a socavar los usos y las prácticas democráticos, el portavoz nacionalista Rubalkaba la ha empredido también contra la libertad de expresión y ha confesado la ...

El PNV pretende modificar la ley electoral de Álava seis meses antes de la celebración de los próximos comicios locales para conseguir así que los diputados forales no sean designados por ciudadanos sino por hectáreas: la resistencia de la actual Diputación presidida por el PP a los planes del lehendakari Ibarretxe explica ese atentado contra las reglas del juego. Dentro de la estrategia nacionalista orientada a socavar los usos y las prácticas democráticos, el portavoz nacionalista Rubalkaba la ha empredido también contra la libertad de expresión y ha confesado la felicidad que le produciría la desaparición de RTVE, Tele 5 y Antena 3.

En cambio, el lehendakari Ibarretxe sigue alardeando del carácter impecablemente democrático de su propuesta de un nuevo Pacto Político de libre asociación y soberanía compartida del País Vasco con España. Sin embargo, el sofístico planteamiento de Ibarretxe esconde bajo la piel de cordero democrática un irredentismo territorial sólo realizable de forma autoritaria. Según el presidente del PNV, bastaría con que el 50,01% de los participantes en el anunciado referéndum de autodeterminación, convocado sin respetar los trámites procesales establecidos por la Constitución de 1978, se pronunciara a favor de la propuesta soberanista para que la consulta cumpliera a la perfección los requisitos de la teoría de la democracia. Ahora bien, la regla de la mayoría absoluta en los regímenes democráticos resuelve conflictos de intereses y de poder susceptibles de recibir otras soluciones alternativas en el futuro pero no vale para adoptar decisiones irreversibles contra los sentimientos y la voluntad de casi la mitad de la población, conminada a la expulsión o a la marginación y amenazada por la limpieza étnica. El Tribunal Supremo de Canadá se ha pronunciado de forma inequívoca al respecto: para satisfacer los requisitos constitucionales y democráticos, el referéndum de independencia de Quebec debería formular una pregunta clara, ser aprobado por una mayoría cualificada (no simplemente absoluta) y constituir el punto de arranque (caso de salir victorioso) de futuras negociaciones con la federación.

Pero además de negar al resto de los españoles la posibilidad de pronunciarse de forma operativa sobre el futuro del País Vasco, y de imponer también -dentro de las fronteras de la comunidad autónoma- la voluntad de los vascos nacionalistas sobre los vascos sin adscripción nacionalista, la estrategia del PNV aspira a vaciar por dentro el contenido de las instituciones representativas. Ningún sistema democrático puede funcionar si los representantes y los militantes de los partidos de la oposición están expuestos como en el País Vasco a ser asesinados mientras el Gobierno vasco, libre de amenazas, renuncia a asumir como tarea prioritaria la persecución de los terroristas, se opone a la ilegalización del brazo político de ETA y comparte los fines irredentistas con el nacionalismo radical. La equiparación establecida por el presidente del PNV entre los vascos sin adscripción nacionalista y los portugueses residentes en Luxemburgo o los alemanes avecindados en Mallorca anuncia que el censo electoral de la futura Gran Euskal Herria sería un registro voluntario integrado sólo por los nacionalistas.

Entretanto, el PNV se limita a poner en marcha la modificación de la ley electoral de Álava -la provincia traidora a la propuesta de Ibarretxe- a fin de arrebatar en los comicios de mayo de 2003 la presidencia de la Diputación Foral al PP y entregársela a los nacionalistas: el truco sería sustituir las tres circunscripciones actuales por otras siete en perjuicio de Vitoria que -con el 77% de la población alavesa- hoy tiene 39 de los 51 escaños del Parlamento foral. Desde que Elbridge Gerry -gobernador de Massachusetts y luego vicepresidente de Estados Unidos- inmortalizase hace dos siglos sus prácticas marrulleras con las circunscripciones, nunca han faltado jugadores de ventaja dispuestos a cambiar las reglas de la partida cuando tenían malas cartas: es necesario reconocer que pocas veces se había empleado tanto descaro y desvergüenza para esas trampas de fulleros. Pero el fin justifica los medios: el objetivo político del PNV con esta descarada maniobra es impedir que la Diputación de Álava siga oponiéndose al pacto político de Ibarretxe.