CiU y Entesa alertan de que la nueva ley estatal del testamento vital anulará la aprobada en Cataluña

Los grupos de la Entesa Catalana de Progrés y de CiU en el Senado han advertido de que la ley estatal sobre el testamento vital, originaria de la Cámara alta y aprobada el pasado jueves en el Congreso, acabará siendo recurrida ante el Tribunal Constitucional, ya que, tal como la ha concebido el PP, 'anula la actual ley catalana de voluntades anticipadas', aprobada en diciembre del año 2000 y pionera en España. El Departamento de Sanidad de la Generalitat ha encargado un estudio jurídico para determinar si la ley española invade competencias autonómicas.

La denominada Ley Básica Regulado...

Los grupos de la Entesa Catalana de Progrés y de CiU en el Senado han advertido de que la ley estatal sobre el testamento vital, originaria de la Cámara alta y aprobada el pasado jueves en el Congreso, acabará siendo recurrida ante el Tribunal Constitucional, ya que, tal como la ha concebido el PP, 'anula la actual ley catalana de voluntades anticipadas', aprobada en diciembre del año 2000 y pionera en España. El Departamento de Sanidad de la Generalitat ha encargado un estudio jurídico para determinar si la ley española invade competencias autonómicas.

La denominada Ley Básica Reguladora de la Autonomía del Paciente y de Derechos y Obligaciones en Materia de Información y Documentación Clínica, aprobada el jueves en el Congreso con las abstenciones de CiU y PNV, permite a los ciudadanos, entre otras cosas, dejar escritas instrucciones sobre los tratamientos que no desean recibir para prolongar su vida innecesariamente cuando, llegado el caso, ya no existan esperanzas de recuperación y cuando la enfermedad les incapacite para decidir por sí mismos.

CiU y el PNV justificaron su abstención por el carácter básico que se ha otorgado a todos los artículos de la ley, lo que implica, en su opinión, 'una invasión de competencias de las comunidades autónomas'. En el mismo sentido se pronunciaron la semana pasada en el Senado los representantes de la Entesa y de CiU Ramon Espasa y Jaume Cardona, respectivamente. Ambos senadores defendieron sendas enmiendas, rechazadas por la mayoría del PP, en las que reprochaban que la futura ley española se haya concebido como una ley de bases en todos y cada uno de sus artículos, incluidos los que hacen referencia al desarrollo detallado de la normativa, lo que implicará 'una expulsión de la ley catalana ya en vigor y desarrollada por diversos decretos'.

Espasa recordó que los senadores de la Entesa y de CiU pidieron a principios del año pasado, en una iniciativa conjunta que fue asumida luego por el resto de los grupos del Senado, la elaboración de una ley estatal similar a la que ya existía en Cataluña. 'Después de un año y medio de trámite en el Congreso, el texto se nos devuelve como ley básica reguladora que recoge los aspectos éticos o morales de la ley catalana en su parte nuclear, pero que es tan prolija, detallada y exhaustiva que ha asfixiado el concepto de ley básica, ya que no deja margen de maniobra a las comunidades autónomas', señaló Ramon Espasa.

En concreto, la futura normativa estatal regula con detalle aspectos como la forma y el contenido de la información clínica que se ha de dar al paciente, la gestión y custodia de la historia clínica, y el registro único de documentos de voluntades anticipadas, aspectos todos ellos que Cataluña ya ha regulado con decretos que quedarían anulados y que serían inaplicables. El senador de CiU Jaume Cardona recordó que de esta forma se quiebra el espíritu de la ley de bases, que 'ha de incluir todas las normas necesarias para que una materia goce de una regulación uniforme en todo el territorio español, pero que no puede en ningún caso vaciar de contenido las competencias de que puedan disfrutar las comunidades autónomas a través de sus leyes y reglamentos de desarrollo'.

El Departamento de Sanidad de la Generalitat, por su parte, ha encargado un estudio jurídico para determinar si la ley estatal limita la capacidad legislativa de las comunidades autónomas y si es oportuno recurrir contra ella ante el Tribunal Constitucional.

Ramon Espasa aseguró ayer que ha obtenido el compromiso de representantes de todos los grupos en el Parlament, salvo el PP, grupo con el que se entrevistará próximamente, para pedir conjuntamente un dictamen al Consejo Jurídico y Asesor de la Generalitat sobre la posible inconstitucionalidad de la ley estatal sobre testamento vital.

Como ocurre con la ley catalana, la normativa aprobada el jueves en el Congreso excluye la posibilidad de que un paciente pida la eutanasia activa, es decir, que se le suministre algún fármaco para adelantarle la muerte. El firmante del documento de voluntades anticipadas sí podrá pedir que no se le alargue innecesariamente la vida o dar instrucciones sobre el destino de su cuerpo y de sus órganos una vez fallecido. El documento de voluntades anticipadas se incluirá en la historia clínica del paciente y en un registro centralizado del Ministerio de Sanidad. Cataluña ya dispone de un registro único de voluntades anticipadas, con más de 2.000 documentos, que podría quedar anulado con la entrada en vigor de la ley estatal.