El Pacto responde

Populares y socialistas acordaron el jueves, en el marco del Pacto Antiterrorista, una serie de medidas destinadas a reforzar la seguridad de los concejales amenazados por ETA -los de ambos partidos, así como sus sedes y actos electorales- y a combatir la impunidad de ciertas actuaciones del entorno de la banda. El PP y el PSOE evitaron una declaración conjunta de respuesta a la iniciativa de Ibarretxe, pero ambas formaciones hicieron valoraciones coincidentes sobre el riesgo de ruptura de las reglas de juego que ven en ella.

Aparte de otras consideraciones, el plan de Ibarretxe tiene u...

Populares y socialistas acordaron el jueves, en el marco del Pacto Antiterrorista, una serie de medidas destinadas a reforzar la seguridad de los concejales amenazados por ETA -los de ambos partidos, así como sus sedes y actos electorales- y a combatir la impunidad de ciertas actuaciones del entorno de la banda. El PP y el PSOE evitaron una declaración conjunta de respuesta a la iniciativa de Ibarretxe, pero ambas formaciones hicieron valoraciones coincidentes sobre el riesgo de ruptura de las reglas de juego que ven en ella.

Aparte de otras consideraciones, el plan de Ibarretxe tiene un fuerte contenido desestabilizador. El Estado autonómico no podría resistir una dinámica de ruptura unilateral como la que en la práctica plantea el lehendakari. Los efectos ya visibles en otras formaciones nacionalistas que no quieren quedarse atrás recuerdan la agitación que siguió al Pacto de Lizarra (y, más remotamente, al contagio báltico de los primeros noventa). Es lógico, por tanto, que el partido en el Gobierno y el único que razonablemente puede sustituirle coordinen su respuesta para evitar equívocos sobre la hipótesis de que un cambio de mayoría pueda hacer viable un proyecto que claramente desborda la Constitución.

La coincidencia en el rechazo no tiene por qué implicar una respuesta idéntica. Los populares han anunciado ya que no acudirán a la cita del lehendakari como vienen haciéndolo a lo largo de la legislatura. A su juicio, la mera presencia puede ser instrumentalizada por Ibarretxe como un aval a su iniciativa: el hecho de que Batasuna figure entre los convocados les ha reafirmado en su decisión. Los socialistas, por el contrario, están dispuestos a personarse para expresar a Ibarretxe su desacuerdo total. En el vigente estado de cosas, no parece que la decisión más acertada sea romper cualquier lazo institucional. La ruptura entre partidos no debe trasladarse sin más a la relación con los gobiernos, y menos aún a la que éstos deben mantener entre sí. Ya casi se ha olvidado que Aznar sigue sin recibir al jefe de la oposición, que lo solicitó hace meses precisamente para hablar de terrorismo. El PP no participa en la Mesa de Arkaute, que acaba de aprobar medidas paralelas a las del Pacto Antiterrorista para la protección de cargos públicos y sedes de los partidos amenazados. Es absurdo que la incomunicación se lleve al extremo de requerir la mediación del PSOE para coordinar lo decidido en los dos ámbitos. Además, es mejor que Ibarretxe conozca de primera mano, junto a las razones del rechazo a su plan, las exigencias democráticas de partidos que representan a la mitad de la población; precisamente a la mitad directamente amenazada.

Las medidas de refuerzo de la seguridad y tendentes a facilitar la presentación de candidaturas, así como las reformas legales acordadas en el pacto, quieren ser la respuesta desde el Estado de derecho a la intimidación del entorno etarra y a otras actitudes incompatibles con el normal funcionamiento institucional, sean o no directamente delictivas. Son respuestas que palían, aunque no podrían eliminar, la desigualdad de condiciones que plantea el acoso terrorista. La reforma más cuestionable es la que permitiría disolver corporaciones municipales cuando se adopten acuerdos o realicen actividades de cobertura al terrorismo o enaltecimiento de terroristas. El trámite parlamentario deberá precisar el alcance de la medida, porque un gobierno municipal no sólo cumple funciones políticas, sino de gestión de servicios, y es muy grave dejar sin ellos a los vecinos. En Alemania, por ejemplo, la prohibición de un partido no implica la suspensión de los concejales.