Comienza el juicio por las bombas en el metro y los trenes de París

La fragilidad de la cooperación judicial europea quedó ayer brutalmente en evidencia, al iniciarse en París el juicio por los atentados que costaron la vida a ocho personas y en los que resultaron heridas otras doscientas, cometidos en el metro y en dos estaciones ferroviarias de París en 1995. Uno de los principales sospechosos, Rachid Ramda, no estaba en el banquillo porque el Reino Unido se ha negado a entregarle, alegando la posibilidad de que sufra tratos inhumanos o degradantes en caso de pasar a manos de la policía francesa. Los hechos de sangre fueron reivindicados en su día por el Gru...

La fragilidad de la cooperación judicial europea quedó ayer brutalmente en evidencia, al iniciarse en París el juicio por los atentados que costaron la vida a ocho personas y en los que resultaron heridas otras doscientas, cometidos en el metro y en dos estaciones ferroviarias de París en 1995. Uno de los principales sospechosos, Rachid Ramda, no estaba en el banquillo porque el Reino Unido se ha negado a entregarle, alegando la posibilidad de que sufra tratos inhumanos o degradantes en caso de pasar a manos de la policía francesa. Los hechos de sangre fueron reivindicados en su día por el Grupo Islámico Armado (GIA) argelino.

Ramda se encuentra perfectamente localizado: fue detenido y encarcelado en el Reino Unido en noviembre de 1995 y desde entonces sigue en la misma situación. 'Los británicos han mantenido a este hombre en prisión durante siete años, sin proceso, y pretenden actuar en nombre de los derechos humanos', protesta la ex jefa de la fiscalía antiterrorista de París, Irène Stoller, conocida en España por su intervención en procesos contra ETA y profundamente lacerada por los argumentos formales con que las autoridades británicas han impedido la entrega del sospechoso.

Más indignada aún, Françoise Rudetzki, presidenta de la asociación SOS-Atentados, afirma que 'Gran Bretaña protege a los terroristas'. Entre los abogados que representan a las acusaciones privadas constituidas para este juicio es moneda corriente la explicación de que Londres ha preferido no arriesgarse a una entrega que podría ser polémica en un país con fuerte presencia de militantes islamistas.

La justicia francesa supone que Rachid Ramda financió la campaña de terrorismo de 1995. El 25 de julio, a media tarde, los cafés de la plaza de Saint-Michel se llenaron de personas ensangrentadas que emergían de la estación subterránea de cercanías, donde acababa de estallar una bomba. El 6 de octubre siguiente explotó otra en las proximidades de la estación de metro de Maison-Blanche, y el 17 de octubre una tercera en la estación ferroviaria del Museo de Orsay. Estos hechos provocaron una emoción intensa y abrieron paso a un clima de desconfianza y miedo cuyos efectos se renovaron a partir de los atentados del 11-S.

Dos en el banquillo

Las bombas de la capital francesa dieron origen a la detención de Boualem Bensaïd y Smaïn Aït Alí Belkacem, los únicos que se sentaron ayer en el banquillo de los acusados. Investigaciones posteriores permitieron descubrir las huellas de Rachid Ramda en documentos sobre envíos de fondos a Bensaïd, entre otros indicios. Un tribunal británico autorizó la extradición del reclamado por Francia en 1996, pero el Gobierno de Londres retrasó el visto bueno. El ministro británico de Interior aceptó hace un año la entrega de Ramda, pero un alto tribunal lo impidió en junio pasado.