"No acabaremos con los malos tratos sólo con el Código Penal"
Micaela Navarro, miembro de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE y responsable socialista de las Políticas de Igualdad, sostiene que una ley integral es el mejor instrumento para garantizar la libertad y la vida de las mujeres maltratadas. El PP ha rechazado una proposición socialista con ese objetivo, pero ha respaldado la creación de una subcomisión de todos los grupos parlamentarios del Congreso para legislar contra la violencia de género. 'Aunque soy escéptica, lucharé en la subcomisión para que las mujeres puedan disponer de los recursos que necesitan', asegura Navarro. No olvida que el...
Micaela Navarro, miembro de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE y responsable socialista de las Políticas de Igualdad, sostiene que una ley integral es el mejor instrumento para garantizar la libertad y la vida de las mujeres maltratadas. El PP ha rechazado una proposición socialista con ese objetivo, pero ha respaldado la creación de una subcomisión de todos los grupos parlamentarios del Congreso para legislar contra la violencia de género. 'Aunque soy escéptica, lucharé en la subcomisión para que las mujeres puedan disponer de los recursos que necesitan', asegura Navarro. No olvida que el 90% de las maltratadas están separadas o en proceso de separación. Tampoco olvida a algunas mujeres de Andújar (Jaén) que hace años, cuando ella era concejal, acudían con la cara reventada a pedirle ayuda.
'Hay jueces y fiscales que siguen teniendo reserva mental ante estos delitos'
'El mayor esfuerzo económico lo hacen las autonomías y los ayuntamientos'
Pregunta. ¿La subcomisión nace con las cartas marcadas?
Respuesta. No se puede hacer consenso imponiendo condiciones, porque se condicionan los resultados. Si quiere consensuar de verdad, el Gobierno tendría que despojarse de la soberbia, del autoritarismo al que nos tiene habituados. La ley integral es algo que las mujeres maltratadas vienen pidiendo desde 1998. Este delito no puede abordarse únicamente con medidas puntuales. Se trata de garantizar por ley el acceso de las mujeres a los todos los recursos.
P. Entonces no es una distinción retórica hablar de ley integral o abordaje integral, como en el caso de la subcomisión...
R. No es una cuestión semántica. Estamos hablando de derechos humanos, y estos derechos que tienen que protegerse por ley, mientras que un Plan siempre va a depender de la voluntad política del Gobierno de turno.
P. El Gobierno rechazó en solitario la proposición de ley socialista el 10 de septiembre, pero una semana después acordó con todos los grupos la subcomisión contra la violencia doméstica. ¿Están perplejas las mujeres ante este galimatías?
R. Hay algo claro: no podemos someter a las mujeres a la tortura de que nos vean discutir a los grupos políticos encargados de elaborar la iniciativa X, la que sea. Lo que la mujer espera es que se le diga cómo evitar que una vez que ha presentado una denuncia vuelva a ser agredida. Y que no sólo va a salvar su vida, sino a tener derecho a una vivienda, a un empleo, que dispone de medidas jurídicas rápidas y eficaces de proteger su vida y la de sus hijos. Y hay que garantizar no sólo su vida, sino que viva en libertad. Yo hablo de ley integral porque es la única manera de lograrlo. No acabaremos con los malos tratos sólo con el Código Penal. Hay que prevenir y no sólo aplicar la ley cuando el delito se ha cometido. Se trata de educar en la igualdad, ya que nadie agrede a quien se considera igual, sino más débil.
P. ¿Han fallado los planes anteriores?
R. El fracaso es evidente. Desde el PSOE siempre apoyaremos cualquier medida, venga de donde venga, para erradicar esa violencia, pero el hecho de que el Gobierno proponga nuevas medidas un año después de haber aprobado el Segundo Plan Integral que finaliza teóricamente en 2004, es una manera de reconocer que no ha dado el resultado esperado.
P. Sólo de denuncia una pequeña parte de los casos.
R. Sí, entre el 5 y el 10%. Por eso, hay que dar respuestas complejas, eficaces y audaces al problema. Y contar con dinero. Cuando pedimos en el Parlamento que se crearan secciones específicas en la Fiscalía, el PP respondió que era muy costoso. Pero lo que no podemos soportar es este costo en vidas humanas. Se me revuelven las tripas cada vez que oigo hablar del superávit en los presupuestos de la Seguridad Social. ¿Se puede moralmente defender un superávit muriendo mujeres porque no se invierte el dinero suficiente en medidas que garanticen su vida? A menudo, las comunidades autónomas y los ayuntamientos son los que hacen el mayor esfuerzo económico contra los malos tratos.
P. Pero de manera descoordinada.
R. Absolutamente. No sólo hay que coordinar las medidas que se ponen en marcha, sino coordinarse entre todas las comunidades. Hay una desigualdad muy grande entre los recursos que tiene una mujer en una comunidad o en otra. Hay mujeres que viven a dos kilómetros de distancia y no disponen de las mismas posibilidades. Si las dos tienen el mismo problema, las dos tienen que tener las misma garantías.
P. El oleaje de violencia sigue, ¿dónde está el principal escollo para erradicarla?
R. En que muchas medidas no se han desarrollado por falta de presupuesto. El escollo está en que hay jueces o fiscales que siguen tenieno reserva mental ante estos delitos. Hay figuras como el alejamiento que necesitan ser reformadas. También hay que prohibir que un maltratador vea a sus hijos.