La Fiscalía investigará si ediles donostiarras cometieron prevaricación
El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha solicitado a la Fiscalía del citado órgano judicial que investigue si concejales del Ayuntamiento de San Sebastián incurrieron en un delito de prevaricación, al votar a favor de un incremento salarial para los funcionarios donostiarras superior al establecido por el Gobierno central.
La petición está incluida en una sentencia que, estimando el recurso de la abogacía del Estado, anula el acuerdo municipal adoptado en pleno el 10 de mayo de 2000, según el cual se establece un incremento salarial para los funcionarios donostiarras ...
El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha solicitado a la Fiscalía del citado órgano judicial que investigue si concejales del Ayuntamiento de San Sebastián incurrieron en un delito de prevaricación, al votar a favor de un incremento salarial para los funcionarios donostiarras superior al establecido por el Gobierno central.
La petición está incluida en una sentencia que, estimando el recurso de la abogacía del Estado, anula el acuerdo municipal adoptado en pleno el 10 de mayo de 2000, según el cual se establece un incremento salarial para los funcionarios donostiarras del 3% en el año 2000 (IPC + 0,1%) y del IPC del 2000 más un 0,3% en el año 2001, por encima del 2% fijado en la normativa estatal. La decisión -apoyada por los ediles de todos los partidos salvo los del PP, que se abstuvieron, y tomada mediante la adhesión al Acuerdo Regulador de las Condiciones de Empleo del Personal de la Administración Local y Foral de Euskadi (Arcepafe)- incluye una jornada laboral anual de 1.632 horas, inferior a la determinada por la Administración central.
La sentencia, dada a conocer ayer por el edil de Donostiako Sozialista Abertzaleak Carlos Trenor, recoge que los concejales apoyaron la subida salarial y la jornada laboral de 1.632 horas a sabiendas de que incumplía la norma estatal. Así, la resolución señala que 'en su estricta apariencia externa, la actuación municipal presenta los perfiles de una conducta que pudiera ser constitutiva de un delito de prevaricación, cometido por los miembros de la corporación municipal demandada', por lo que pide a la Fiscalía del TSJPV que estudie el caso a fin de, 'si lo estima procedente, promover la depuración de las eventuales responsabilidades penales que pudieran derivarse'. Trenor apuntó que el delito de prevaricación está penado con la inhabilitación para ejercer un cargo público por un período de 7 a 10 años y lamentó la 'falta de autonomía' de los ayuntamientos para negociar con sus empleados las subidas salariales.