El fiscal acusa a un asesor del PP de ganar 10 millones con la funeraria de Madrid

El 'principal beneficiado' por la privatización del 49% de la Empresa Mixta de Servicios Funerarios de Madrid en 1992 no fue el ayuntamiento, que recibió 0,60 euros por el paquete accionarial, sino el asesor del equipo de gobierno del PP en tal proceso, José Ignacio Rodrigo. Ésta es la conclusión del juez y del fiscal tras finalizar su investigación. El fiscal calcula que Rodrigo logró unos ingresos de 10,1 millones de euros a través de su participación accionarial desde 1993 en la adjudicataria, Funespaña, y de las empresas que creó para cobrar la gestión de la empresa mixta.

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El 'principal beneficiado' por la privatización del 49% de la Empresa Mixta de Servicios Funerarios de Madrid en 1992 no fue el ayuntamiento, que recibió 0,60 euros por el paquete accionarial, sino el asesor del equipo de gobierno del PP en tal proceso, José Ignacio Rodrigo. Ésta es la conclusión del juez y del fiscal tras finalizar su investigación. El fiscal calcula que Rodrigo logró unos ingresos de 10,1 millones de euros a través de su participación accionarial desde 1993 en la adjudicataria, Funespaña, y de las empresas que creó para cobrar la gestión de la empresa mixta.

La investigación judicial del caso Funeraria, en el que están imputados los concejales del PP Antonio Moreno y Simón Viñals y el ex primer teniente de alcalde y diputado regional del mismo partido Luis María Huete, parte de una querella de la Fiscalía Anticorrupción en 1999. La instrucción ha diseccionado cómo se fraguó una venta tan ruinosa para las arcas municipales -'prácticamente gratuita', dice el fiscal- como beneficiosa para la adjudicataria, Funespaña, y, singularmente, para su presunto cerebro, José Ignacio Rodrigo: la privatización del 49% de la Empresa Mixta de Servicios Funerarios por el gobierno municipal del PP en 1992. El Grupo Popular aprobó la operación, con informes contrarios del interventor y favorables de Rodrigo y de las concejalías de Viñals y Moreno.

Tanto el juez instructor, José Luis Quesada, como el fiscal no dejan dudas sobre el papel 'decisivo' o 'director' desempeñado por Rodrigo en la venta. Ambos sitúan al entonces asesor municipal de la funeraria a lomos de dos corceles durante el proceso privatizador, ayuntamiento y adjudicataria: 'Rodrigo se puso de acuerdo con el acusado Juan Antonio Valdivia, representante legal de una de las empresas oficiosamente consultadas, Funespaña, para asegurarse una importante participación lucrativa en tal operación', acusa el fiscal. Según la fiscalía, si la venta de la funeraria le proporcionó al ayuntamiento 0,60 euros, Rodrigo obtuvo 10,1 millones a través de su presencia accionarial en Funespaña y de sus sociedades relacionadas con la gestión de la misma. Supera incluso a quien concurrió como representante legal de Funespaña, Valdivia, que ingresó nueve millones.