La corporación financiera de las cajas arranca con poca autonomía y restricciones financieras
Populares y socialistas acuerdan la composición de un consejo de doce miembros
La corporación financiera de Bancaixa y la CAM echará a rodar con escasa autonomía y restricciones financieras, según el pacto de accionistas de las dos cajas. El PP cerró ayer un acuerdo sobre la composición del consejo de la corporación. El PSPV, reticente en un principio, ha entrado 'en un ejercicio de responsabilidad', aseguraron fuentes del partido. La corporación arranca con las participaciones de las dos cajas en una docena de sociedades, la mayoría en pérdidas. El vicepresidente de la CAM Antonio Gil Terrón se perfila como presidente.
La CAM fue ayer la primera de las cajas en r...
La corporación financiera de Bancaixa y la CAM echará a rodar con escasa autonomía y restricciones financieras, según el pacto de accionistas de las dos cajas. El PP cerró ayer un acuerdo sobre la composición del consejo de la corporación. El PSPV, reticente en un principio, ha entrado 'en un ejercicio de responsabilidad', aseguraron fuentes del partido. La corporación arranca con las participaciones de las dos cajas en una docena de sociedades, la mayoría en pérdidas. El vicepresidente de la CAM Antonio Gil Terrón se perfila como presidente.
La CAM fue ayer la primera de las cajas en ratificar a sus consejeros en Cartera de Participaciones Empresariales, la corporación financiera que las dos grandes entidades de ahorro valencianas han creado para agrupar sus participaciones externas y canalizar inversiones conjuntas en un futuro. La caja alicantina designó ayer a su vicepresidente Antonio Gil Terrón, al consejero Martín Sevilla -inicialmente se propuso a Gaspar Hernández-, al director general de esta entidad, Roberto López Abad, y a Antoni Asunción, Diego Such y Salvador Miró como personas de 'reconocida competencia y prestigio'.
Bancaixa, que aprobó su lista unas horas después, eligió a su vicepresidente Arturo Virosque, al consejero Jordi Palafox (PSPV), al director general, Fernando García Checa, al ex ministro socialista Vicente Albero, al delegado especial de la Agencia Tributaria en Valencia, Eduardo Beut, y al secretario de la patronal autonómica, Rafael Montero, como a sus representantes en la corporación, que arrancará en breve con un capital social de dos millones de euros y Bancaixa y la CAM como únicos socios. Los impositores expresaron al consejo de Bancaixa su queja porque carecen de representante en la corporación.
El acuerdo político para configurar el consejo de la corporación lo cerraron ayer por la mañana el presidente de la Generalitat, José Luis Olivas, y el secretario general del PSPV, Joan Ignasi Pla, a pesar de las reticencias del día anterior de los socialistas. Según fuentes del partido, el PSPV participará en la corporación en 'un ejercicio de responsabilidad y control' del mismo. 'Entramos como vigilantes de los intereses de los impositores de las cajas', declaró una fuente socialista.
Exceptuando a los dos directores generales de las cajas, los socialistas tienen cuatro consejeros de un total de 10, una representación muy cercana a la proporcionalidad que reivindicaba anteayer el dirigente socialista Joan Ignasi Pla. También influyó en el acuerdo la presencia en la lista de Beut y las presiones ejercidas por los presidentes de ambas cajas de ahorro, que exigían la presencia del PSPV.
La corporación nace con un capital social de dos millones de euros, que desembolsarán a partes iguales las dos cajas. Gil Terrón se perfila como presidente, Virosque en la vicepresidencia y Beut se situaría como secretario del consejo. El domicilio social estará en la sede social de Bancaixa en Valencia y en breve se incorporarán como directivos de la corporación Arturo Alario (Bancaixa) y José Pina (CAM).
Los acuerdos de la junta general requerirán dos tercios de los votos. La corporación surge con serias restricciones en su autonomía y en su capacidad financiera; de hecho, los gastos de funcionamiento los sufragarán alternativamente las dos entidades. Las cajas, en el conocido como pacto de accionistas, limitan las decisiones del consejo, que no podrá aprobar inversiones superiores a los 15 millones de euros, a pesar de que la corporación surge precisamente como un instrumento de inversión conjunta. Cualquier inversión superior a esta cantidad deberá ser aprobada antes por Bancaixa y la CAM.
La lista inicial de sociedades que integrarán la corporación la forman una docena de compañías, la mayoría en pérdidas. Las cajas han excluido expresamente sus filiales inmobiliarias y la reciente incorporación de Enagás, que se deja para una segunda fase. También caen de la lista inicial, elaborada cuando se presentó la corporación hace nueve meses, Encovagas (creada por la Generalitat y vacía de contenido), y la sociedad de futuros de cítricos FC&M (prácticamente inactiva). Sólo Áurea, compañía que administra la autopista A-7, destaca del conjunto por sus dividendos. También se incluyen las participaciones de Terra Mítica (en pérdidas) y el Hospital de La Ribera, iniciativas ambas de la Generalitat, en las que ha implicado desde el principio a las dos grandes cajas valencianas.
El Consell ha desempeñado un papel protagonista en la creación de la corporación tras su fallido intento de fusionar las dos grandes cajas valencianas.