Condenados a concentrarse

El Gobierno está dispuesto a echar una mano a las compañías alternativas a Telefónica. Desde la liberalización apenas han conseguido arrancar un 15% del mercado y, lo que es peor, a costa de cuantiosas pérdidas que ponen en peligro su viabilidad. El Ejecutivo va a aprobar una serie de medidas para favorecer una mayor competencia, pero considera necesario un esfuerzo de concentración y vería con buenos ojos algunas de las fusiones que se plantean en el sector.

El Gobierno acaba de plantear el marco de tarifas eléctricas que regirá en los próximos años pero a la vuelta de las vacaciones t...

El Gobierno está dispuesto a echar una mano a las compañías alternativas a Telefónica. Desde la liberalización apenas han conseguido arrancar un 15% del mercado y, lo que es peor, a costa de cuantiosas pérdidas que ponen en peligro su viabilidad. El Ejecutivo va a aprobar una serie de medidas para favorecer una mayor competencia, pero considera necesario un esfuerzo de concentración y vería con buenos ojos algunas de las fusiones que se plantean en el sector.

El papel del Gobierno pasa por no poner ninguna traba en materia de competencia a cualquier proceso de fusión entre operadores

La fusión más 'lógica' a medio plazo es la de Retevisión y Ono, una vez que Auna integre toda su división de telefonía fija

El Gobierno acaba de plantear el marco de tarifas eléctricas que regirá en los próximos años pero a la vuelta de las vacaciones tiene encima de la mesa la resolución de un asunto mucho más complicado: la nueva ordenación del sector de las telecomunicaciones.

A diferencia de las eléctricas, la mayor parte de los operadores alternativos a Telefónica presenta cuantiosas pérdidas. Sólo las seis compañías con más cuota de mercado por ingresos después de Telefónica (Retevisión, Uni2, Jazztel, Ono , Euskaltel y Aunacable) perdieron más de 600 millones de euros en 2001, una cantidad casi equiparable a sus ingresos totales, que ascendieron a 832 millones.

Pero el esfuerzo financiero realizado por los 50 operadores telefónicos que operan en España apenas les ha servido para arrancar un 12,5% del mercado por ingresos y el 21,4% del tráfico que se genera en el país. Es decir, que el problema que se le plantea al Ejecutivo es doble: impulsar una competencia efectiva que permita a los ciudadanos disponer realmente de varias ofertas alternativas a Telefónica y, por otra parte, propiciar un saneamiento financiero de los operadores entrantes para impedir que desaparezcan y, consecuentemente, disminuya aún más la competencia. Y, para complicar aún más la ecuación, debe no disgustar en exceso a Telefónica, cuyas cuentas tampoco están para muchas alegrías.

El Gobierno quiere aunar todos estos intereses mediante un paquete de medidas liberalizadoras que ya tenía listo para dar luz verde antes de las vacaciones pero la anticipada crisis de Gobierno y la salida del mismo de la anterior titular de Ciencia y Tecnología, Anna Birulés, impidió que se llevara al Consejo de Ministros.

Los deberes de Piqué

Josep Piqué ha tomado el relevo al frente del departamento y desea cumplir con el encargo cuanto antes. La novedad es que el Ejecutivo está convencido de que el mal funcionamiento del modelo creado hace casi cuatro años, cuando se liberalizó la telefonía fija, no sólo es achacable a las trabas técnicas y comerciales que pone el antiguo monopolio sino al gran número de compañías.

Por eso, y aunque obviamente no tiene potestad alguna en la materia, el Gobierno vería con buenos ojos cualquier movimiento de concentración en el sector de forma que se consoliden dos o tres grandes operadores que verdaderamente pueden hacer una competencia efectiva a Telefónica, en un modelo muy similar, según fuentes cercanas al Ejecutivo, al de la telefonía móvil, donde operan tan sólo tres compañías.

El papel del Gobierno pasa por no poner ninguna traba en materia de competencia a ese posible proceso de concentración, en la generosidad a la hora de revisar los compromisos (inversión, empleo, etcétera) de los licenciatarios y no se descarta algún tipo de medida fiscal.

Los protagonistas de esas potenciales fusiones no son muchos. La primera de ellas podría concretarse este mismo otoño, con Jazztel y Uni2 como protagonistas. El principal escollo para la materialización de la misma puede cerrarse este mismo mes de septiembre, una vez que Jazztel alcance el acuerdo con los bonistas para canjear sus títulos de alto rendimiento por acciones de la sociedad.

Sin embargo, a medio plazo la fusión más 'lógica' es la de Retevisión y Ono, según señala un directivo de una operadora. 'Ambos tienen mercados complementarios, comparten accionistas [SCH] y se dirigen al mismo cliente', añade. De hecho, ya se barajó la fusión entre Aunacable y Ono cuando el SCH desembarcó en Auna, y el proyecto puede tener más sentido, una vez que Auna complete la integración de toda su división de telefonía fija (Retevisión y Aunacable).

José López-Tafall, presidente de la Asociación de Empresas Operadoras y de Servicios de Telecomunicaciones (Astel), que agrupa a la mayor parte de los nuevos operadores, opina que 'lo importante no son las fusiones sino que exista un modelo de competencia que permita funcionar a todas las compañías. Por supuesto que habrá fusiones en el sector, así lo impone la lógica. Pero no se puede apelar como argumento único a la necesidad de fusionarse para poder competir, porque eso sería distraer la atención del problema de fondo'.

Ese problema de fondo pasa por aceptar parte de las peticiones que Astel ha hecho llegar al Ejecutivo para que limite el dominio de Telefónica y asegure una verdadera competencia. Entre ellas, una de las que más posibilidades tiene de salir adelante es la factura única, es decir, que los clientes que están preasignados (mecanismo por el que se encaminan todas las llamadas automáticamente por una compañía) a los operadores alternativos aunque sigan poseyendo una línea de Telefónica, no reciban dos facturas, sino sólo de la nueva compañía, de forma que dejen de tener ninguna relación con el ex monopolio. Una medida que afectaría a 1,6 millones de abonados. Piqué también se ha mostrado receptivo a las medidas que tratan de forzar a Telefónica a cumplir los plazos que permitan a los otros operadores a ofrecer llamadas locales. Otra medida que tiene muchos visos de salir adelante es la obligación para las Administraciones públicas de que saquen a concurso un porcentaje de su servicio de comunicaciones.

Mucho más difícil de prosperar tiene la petición de establecer cupos máximos para Telefónica en determinados servicios, como el ADSL. El Gobierno quiere competencia pero sin cuotas.

Por su parte, Telefónica de España piensa que el desarrollo de la competencia debe 'alentarse favoreciendo una regulación única, estable y predecible, una regulación que actúe con posterioridad, y no previamente, y que permita el desarrollo natural del mercado de banda ancha', según fuentes de la compañía.