Invitaciones
Ante la información publicada el 31 de julio en el periódico que usted dirige bajo el titular El Gobierno admite que nunca invita al presidente asturiano a inaugurar obras en su comunidad, quiero puntualizar lo siguiente:
Dicha información trae causa de una rueda de prensa ofrecida en la Delegación del Gobierno en Asturias en la que no estaba presente el periodista firmante, razón por la cual, a mi juicio, no responde con exactitud a lo allí manifestado.
Como sabe perfectamente, mi papel de delegada del Gobierno consiste, entre otras funciones, en representar en Asturias a...
Ante la información publicada el 31 de julio en el periódico que usted dirige bajo el titular El Gobierno admite que nunca invita al presidente asturiano a inaugurar obras en su comunidad, quiero puntualizar lo siguiente:
Dicha información trae causa de una rueda de prensa ofrecida en la Delegación del Gobierno en Asturias en la que no estaba presente el periodista firmante, razón por la cual, a mi juicio, no responde con exactitud a lo allí manifestado.
Como sabe perfectamente, mi papel de delegada del Gobierno consiste, entre otras funciones, en representar en Asturias al Gobierno de España, hecho este que me lleva a exigir la representación del mismo en los actos de inauguración de obras que, siendo financiadas en su totalidad por los Presupuestos Generales del Estado, como es el caso de los fondos mineros, inaugura en solitario el señor Areces.
Desde que llegué a la Delegación del Gobierno en Asturias, y me remito a los antecedentes publicados, el señor Areces era invitado a esos actos hasta que, unilateral e inexplicablemente, ideó un nuevo protocolo excluyendo al Gobierno que represento.
Me limito, pues, a aplicar el mismo protocolo en los actos que el señor Areces puso en práctica, con un matiz: 'sus quejas' se refieren a las obras que realiza y financia en su integridad el Gobierno de España. En cambio, su ley del embudo particular le lleva a excluir al Gobierno de España en las inauguraciones de las muchas obras financiadas con cargo a los fondos mineros que, acordadas con los sindicatos, también son financiadas a través de los Presupuestos Generales del Estado.