DE FUERTEVENTURA A NIGERIA CON ESCOLTA POLICIAL

Un total de 65 inmigrantes irregulares nigerianos, tres de ellos mujeres, fueron enviados ayer a su país de origen en un vuelo que partió del Puerto del Rosario (Fuerteventura) confirmaron fuentes del Ministerio del Interior.

Los inmigrantes pertenecen al grupo que ocupa la antigua terminal del aeropuerto de la isla, que áun acoge a 200 africanos, fundamentalmente de origen subsahariano. El rehabilitado cuartel de Valenzuela ya ha alcanzado sus 320 plazas de capacidad máxima, por lo que sólo en esta isla se encuentran más de 500 personas retenidas pendientes de su repatriación o traslad...

Un total de 65 inmigrantes irregulares nigerianos, tres de ellos mujeres, fueron enviados ayer a su país de origen en un vuelo que partió del Puerto del Rosario (Fuerteventura) confirmaron fuentes del Ministerio del Interior.

Los inmigrantes pertenecen al grupo que ocupa la antigua terminal del aeropuerto de la isla, que áun acoge a 200 africanos, fundamentalmente de origen subsahariano. El rehabilitado cuartel de Valenzuela ya ha alcanzado sus 320 plazas de capacidad máxima, por lo que sólo en esta isla se encuentran más de 500 personas retenidas pendientes de su repatriación o traslado a otros centros.

Cuando iban a ser trasportados hacia el avión, los nigerianos ofrecieron resistencia al ser esposados y gritaron en inglés 'no somos criminales' según informa EFE. Cada uno de ellos iba acompañado de un agente de policía.

Fuentes de este cuerpo confirmaron a EL PAÍS que agentes de las unidades de intervención policial de Valencia, Oviedo y Madrid se trasladan con frecuencia a Fuerteventura y Lanzarote para acompañar a los inmigrantes que son devueltos a sus países de origen. De hecho, la semana pasada Interior deportó a otros 36 marroquíes.

Este tipo de operaciones se efectúa una vez por semana desde hace varios meses, aunque con mayor fluidez desde Lanzarote que desde Fuerteventura, debido al mayor volumen de llegada de irregulares a esta última isla. Los responsables de la Administración del Estado han reconocido dos dificultades para ejecutar el plan de repatriaciones: que el inmigrante reconozca el país del que procede y que su expulsión se produzca en un máximo de 40 días.