Enseñanza y justicia

Érase una vez un país en el que las leyes establecían unos servicios públicos esenciales para la comunidad, entre ellos la educación, pero en el que el gasto en tales servicios era de los más bajos de los países de su entorno, (en la enseñanza secundaria invertía sólo el 40% del promedio). Pasó que un par de padres hartos ya de que cada vez que se producía una baja en los colegios públicos donde estudiaban sus hijos, éstos estaban días y semanas sin clases, y hartos de que cada vez que lo denunciaban, se encontraran con la resignación y la impotencia como respuesta, decidieron hacer algo.
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Érase una vez un país en el que las leyes establecían unos servicios públicos esenciales para la comunidad, entre ellos la educación, pero en el que el gasto en tales servicios era de los más bajos de los países de su entorno, (en la enseñanza secundaria invertía sólo el 40% del promedio). Pasó que un par de padres hartos ya de que cada vez que se producía una baja en los colegios públicos donde estudiaban sus hijos, éstos estaban días y semanas sin clases, y hartos de que cada vez que lo denunciaban, se encontraran con la resignación y la impotencia como respuesta, decidieron hacer algo.

Lo que hicieron fue demandar a la autoridad educativa ante los tribunales de Justicia, utilizando la única vía posible de la responsabilidad patrimonial, pues según ellos no se había prestado en los casos denunciados el servicio obligatorio de la enseñanza, por lo que solicitaban que se la condenara por tal incumplimiento, y consecuentemente a indemnizar por los daños ocasionados.

Aconteció que la contestación a la demanda por parte de la autoridad responsable fue la de justificar tales incumplimientos ¡al estar dentro de los estándares de normalidad!, reconociendo que el incumplimiento de las normas del servicio educativo es lo normal y que debemos consentir tales hechos como algo inevitable, aduciendo además el carácter gratuito del servicio. Trastocando así el término, para intentar confundir. Como si los servicios públicos lo pagaran ellos y no los impuestos ciudadanos.

Parece un cuento, pero no lo es, ha pasado en un instituto de Olivares y en el San Isidoro de Sevilla, y los padres seguimos sin resignarnos a que nuestros hijos se puedan quedar sin clases durante semanas. Ahora le toca juzgar a la Justicia, y será interesante ver lo que dice, porque si admite el argumento de la autoridad educativa, se podría entender como una legitimación de la irresponsabilidad del poder ante los ciudadanos, y no es eso en lo que se basan nuestras leyes, ¿ o sí?