Los inmigrantes piden la negociación con Torres Hurtado tras el abandono del encierro de unos 50

En las últimas horas el encierro de inmigrantes en la Universidad Pablo de Olavide ha experimentado cambios sustanciales. Tras la salida de medio centenar de marroquíes y mauritanos en la madrugada del viernes, sólo permanecen 362 argelinos y una treintena de subsaharianos que suspendieron ayer su colaboración con la comisión jurídica que tramita sus procedimientos de regularización. La pugna entre la UPO y el grupo de apoyo, hasta ahora soterrada, ha saltado a la luz de forma cruda con la prohibición del acceso de la red al campus y el traslado a la Fiscalía de su actuación. Los inmigrantes, ...

En las últimas horas el encierro de inmigrantes en la Universidad Pablo de Olavide ha experimentado cambios sustanciales. Tras la salida de medio centenar de marroquíes y mauritanos en la madrugada del viernes, sólo permanecen 362 argelinos y una treintena de subsaharianos que suspendieron ayer su colaboración con la comisión jurídica que tramita sus procedimientos de regularización. La pugna entre la UPO y el grupo de apoyo, hasta ahora soterrada, ha saltado a la luz de forma cruda con la prohibición del acceso de la red al campus y el traslado a la Fiscalía de su actuación. Los inmigrantes, que pidieron negociar directamente con el Delegado del Gobierno, José Torres Hurtado, exigen papeles antes de salir.

Un paso adelante y cuatro atrás. Después de 33 días, la dinámica del encierro de la Universidad Pablo de Olavide avanza y retrocede de un día para otro. La comparecencia ante la prensa de Dichou Rabah, acompañado de otros cinco portavoces -han suprimido los 17 jefes de grupo-, fue casi un calco de la que hicieron hace más de un mes otros portavoces, cuando se encerraron en el campus sevillano. Rabah insistió una y otra vez en que quieren papeles, o en su defecto documentos provisionales, que les permitan trabajar en cuanto salgan del encierro. 'Queremos vivir de nuestro trabajo, no de la ayuda de la gente', repitió en varias ocasiones.

Aunque el argelino no cuestionó crudamente al Defensor del Pueblo andaluz, José Chamizo, ni a la comisión gestora, comentó que los encerrados preferían negociar directamente con el delegado del Gobierno en Andalucía, José Torres Hurtado. 'Su propuesta no satisface a la gente', dijo en alusión a la oferta de Chamizo de sacar adelante los procedimientos administrativos de forma individual atendiendo a la situación de partida de cada encerrado. 'Hemos hecho todo lo posible por colaborar con Chamizo y la comisión, pero no hay solución', dijo Rabah.

Esta iniciativa, aceptada en las reuniones que mantuvieron los anteriores jefes de grupo y el Defensor del Pueblo andaluz a comienzos de esta semana, debía culminar ayer con la entrega de todos los datos y documentos personales de los encerrados a la comisión jurídica, que se encarga de agilizar los trámites y remitirlos a las provincias donde los inmigrantes hayan iniciado su regularización. Sólo un centenar de encerrados superaron estos trámites durante el jueves. En la jornada de ayer se acercaron dos inmigrantes hasta las oficinas donde han trabajado en este proceso 15 abogados voluntarios.

Rabah explicó que habían paralizado la entrega de los documentos porque no creen que les solucione sus reivindicaciones, que son básicamente las primitivas: la regularización de todos. 'Puesto que dicen que estamos dentro de la ley, tenemos derecho a pedir una solución, pero necesitamos la regularización dentro del encierro', indicó el argelino.

La salida de medio centenar de inmigrantes del recinto universitario durante la madrugada del viernes evidenció la división de pareceres entre los encerrados. El grupo de mauritanos (31) y el de marroquíes (19) habían mostrado siempre una posición más favorable a la propuesta de Chamizo que a la de quienes, en sintonía con el grupo de apoyo, apuestan por prolongar el encierro de forma indefinida con la esperanza de forzar una salida rápida a sus reivindicaciones, a pesar de las reiteradas negativas del Gobierno. En sus últimas declaraciones, José Torres Hurtado reiteró que sólo examinarían aquellos expedientes que se ajustaran a la Ley de Extranjería.

El abandono de ese medio centenar parece dejar en apariencia un grupo compacto, reacio a abandonar el campus en grupos escalonados y discretos. Y si hay disidentes, no lo plantean abiertamente, aunque en fuentes universitarias especulaban ayer sobre nuevas salidas en las próximas horas. Aunque los encerrados agradecieron ayer el apoyo de la universidad y las organizaciones que colaboran con ellos, su decisión de proseguir adelante con la protesta, contra la voluntad de la UPO, les deja más solos que antes.