Los encerrados en la Olavide mantienen su anonimato ante la comisión jurídica
Los más de 400 inmigrantes encerrados en la Universidad Pablo de Olavide (UPO) de Sevilla desde el pasado 10 de junio empezaron ayer a facilitar sus datos a la comisión jurídica constituida para estudiar posibles soluciones a cada caso. Por el momento, ya han pasado por las dependencias de la comisión, ubicada en el mismo campus universitario, alrededor de 80 inmigrantes y las entrevistas entre los abogados voluntarios y los encerrados se prolongarán durante toda la semana.
Andrés Rodríguez Benot, el profesor de la UPO que coordina la comisión, explicó que la que ayer se inició es la pr...
Los más de 400 inmigrantes encerrados en la Universidad Pablo de Olavide (UPO) de Sevilla desde el pasado 10 de junio empezaron ayer a facilitar sus datos a la comisión jurídica constituida para estudiar posibles soluciones a cada caso. Por el momento, ya han pasado por las dependencias de la comisión, ubicada en el mismo campus universitario, alrededor de 80 inmigrantes y las entrevistas entre los abogados voluntarios y los encerrados se prolongarán durante toda la semana.
Andrés Rodríguez Benot, el profesor de la UPO que coordina la comisión, explicó que la que ayer se inició es la primera de un proceso compuesto por dos fases. Primero se recabarán todos los datos posibles sobre cada encerrado 'para tener una aproximación general de sus posibilidades legales dentro del marco de la Ley de Extranjería'.
Los datos que los inmigrantes deben facilitar son, al menos, su fecha y lugar de nacimiento, su situación administrativa y el tiempo que llevan en España, pero, en ningún caso, ni su nombre ni el número de pasaporte. Para garantizar la confidencialidad de los encerrados, sus representantes han elaborado un listado en el que se le asigna a cada uno un número de expediente.
Una vez que hayan sido entrevistados los más de 400 que permanecen encerrados, la comisión estudiará cada caso para buscarle una salida, y los resultados del estudio se entregarán al mediador que los inmigrantes designen como intermediario con el Gobierno. Probablemente, la persona elegida será de nuevo el Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, que ayer señaló a Europa Press que se reunirá con los encerrados cuando acaben los trabajos de la comisión porque así se lo han pedido los propios inmigrantes.
Rodríguez Benot advirtió ayer de que los más de 400 expedientes tendrán destinos distintos. 'Si, por ejemplo, el inmigrante tiene ya expediente abierto en otra ciudad española, se remitirá allí el caso'. La comisión jurídica está compuesta por alrededor de 15 abogados voluntarios expertos en extranjería e inmigración y que trabajarán distribuidos en tres turnos por la mañana y por la tarde.