Inspección
En relación con la información publicada el 26 de junio sobre la dimisión del delegado de Educación en Málaga, Juan Alcaraz, me gustaría hacer algunas consideraciones.
Desconozco el tipo y el grado de las coacciones -según parece fuera de toda lógica- que los inspectores de la Delegación hicieron al profesor Guijarro pero sí he podido leer la carta que ocasionó el conflicto, publicada por EL PAÍS el 17 de mayo, y desde luego, como dice el delegado dimisionario, no comparto ni el fondo ni el forma de la misma.
Se puede estar o no de acuerdo con una determinada percepción de lo que...
En relación con la información publicada el 26 de junio sobre la dimisión del delegado de Educación en Málaga, Juan Alcaraz, me gustaría hacer algunas consideraciones.
Desconozco el tipo y el grado de las coacciones -según parece fuera de toda lógica- que los inspectores de la Delegación hicieron al profesor Guijarro pero sí he podido leer la carta que ocasionó el conflicto, publicada por EL PAÍS el 17 de mayo, y desde luego, como dice el delegado dimisionario, no comparto ni el fondo ni el forma de la misma.
Se puede estar o no de acuerdo con una determinada percepción de lo que es fracaso escolar. Es algo difícil de medir y, por tanto, sujeto a varias interpretaciones. Lo que no me parece de recibo es rebatir una manera de entender el problema insultando al oponente con expresiones de tan mal gusto que invalidan el resto de los argumentos.
Por cierto, ¿a qué viene esa duda en el tratamiento de señora o señorita a la directora general? ¿acaso duda en tratar de señores o señoritos a sus alumnos, amigos o compañeros?- Antonio Romero Peinado. Málaga.
La carta firmada por don Gonzalo Guijarro Puebla, profesor de Educación Secundaria del instituto Cerro del Viento de Benalmádena, en donde hacía diversas consideraciones sobre el absentismo y el fracaso escolar en su centro y rebatía las opiniones dadas con anterioridad por la directora general de Planificación Educativa de la Consejería de Educación, doña Pilar Ballarín, ha ocasionado una serie de consecuencias que pueden calificarse de imprevisibles y graves: el profesor recibe sendas visitas de dos inspectores de Educación en las que se le coacciona por su actitud y se le amenaza con abrirle un expediente disciplinario (EL PAÍS, 18/6/02), escrito firmado por 99 profesores de cinco institutos sevillanos en las que se plantean interrogantes muy serios sobre el funcionamiento de las delegaciones provinciales y de la Inspección Educativa al tiempo que exigen la apertura de una investigación para exigir responsabilidades (EL PAÍS, 24/6/02) y, por último, la dimisión del delegado de Educación de Málaga, la cual carece aún de una explicación exhaustiva y suficiente a juicio de las reacciones de centros, sindicatos, asociaciones de padres de la propia provincia de Málaga.
La asociación Redes (Renovar la Educación, Defender la Enseñanza), formada por profesionales de la educación de distintos ámbitos (profesores de Primaria, Secundaria y Adultos, inspectores de Educación, profesores de la enseñanza pública y concertada...), independientemente de su grado de acuerdo con el análisis de fenómenos tan importantes como el absentismo o el fracaso escolar y de su apoyo total a que se esclarezca completamente lo sucedido y se deriven las responsabilidades correspondientes, desearía subrayar especialmente la defensa y la imperiosa necesidad de una Inspección Educativa con criterios autónomos profesionales cuyo ejercicio es incompatible con lealtades mal entendidas al poder político de turno. La única lealtad exigible se referirá a las leyes democráticas que, en el ámbito educativo, garantizan el ejercicio de los derechos de todos los ciudadanos de los cuales la Inspección debe ser garantía de su cumplimiento, al tiempo que evalúa el funcionamiento del sistema y colabora en su calidad.
Nos consta que muchos profesores, padres, alumnos e ¡inspectores de Educación! defienden y trabajan por una Inspección Educativa profesional y autónoma de la que, en ocasiones como la que nos ocupa, sólo desconfía, o usa con fines personales y/o partidistas, un poder político que confunde a los discrepantes con los enemigos y pretende usar en proyecto propio un colectivo de profesionales que debe estar al servicio del conjunto de la sociedad.