Funespaña dice que el Ayuntamiento se ahorró 27 millones al vender la funeraria
La empresa niega que tuviera información privilegiada en la compra
José Ignacio Rodrigo, presidente de Funespaña -dueña del 49% de las acciones de la funeraria municipal-, aseguró ayer que el Ayuntamiento se ahorró 27 millones de euros al vender en 1992, por sólo 0,60 euros, la mitad de las acciones de la Empresa Mixta de Servicios Funerarios. Rodrigo explicó que la empresa municipal arrastraba deudas por valor de 53 millones, por lo que el Ayuntamiento, según él, hizo un buen negocio.
José Ignacio Rodrigo aseguró ayer que no se puede considerar que Funespaña adquiriera 'el 49% de las acciones de la Empresa Mixta de Servicios Funerarios por sólo 0,60 e...
José Ignacio Rodrigo, presidente de Funespaña -dueña del 49% de las acciones de la funeraria municipal-, aseguró ayer que el Ayuntamiento se ahorró 27 millones de euros al vender en 1992, por sólo 0,60 euros, la mitad de las acciones de la Empresa Mixta de Servicios Funerarios. Rodrigo explicó que la empresa municipal arrastraba deudas por valor de 53 millones, por lo que el Ayuntamiento, según él, hizo un buen negocio.
José Ignacio Rodrigo aseguró ayer que no se puede considerar que Funespaña adquiriera 'el 49% de las acciones de la Empresa Mixta de Servicios Funerarios por sólo 0,60 euros', ya que en la compra Funespaña asumió los 53 millones y medio de euros 'que la funeraria municipal tenía de deuda con los bancos en 1992'. Si no se hubieran firmado estas condiciones, el Ayuntamiento habría tenido que hacer frente a la mitad de la deuda con las entidades bancarias, 27 millones de euros, ya que era el propietario del 51% de las acciones. 'El Ayuntamiento ha dejado de pagar 27,5 millones euros por esta deuda y ha percibido desde 1993, además, 12 millones en beneficios', insistió Rodrigo.
Tanto el presidente de Funespaña, que participó en las negociaciones de venta de la funeraria municipal a su empresa, como Ángel Valdivia, consejero delegado de Fuespaña; Juan Antonio Valdivia, vicepresidente de la empresa; José María Huete, diputado regional del PP, y Simón Viñals y Antonio Moreno, concejales de Sanidad y Patrimonio, están imputados en el llamado caso funeraria, la causa que investiga la adjudicación a Funespaña del 49% de las acciones de la funeraria municipal.
El juez instructor del caso, José Luis Quesada, mantiene en su escrito de imputación que los concejales del PP 'empeoraron deliberadamente' la situación de la funeraria con el 'único fin' de venderla parcialmente. El magistrado asegura que la situación de la empresa 'no era insostenible'. Al contrario, sus expectativas económicas 'eran muy favorables'.
IU y PSOE, personados como acusación en el caso Funeraria, solicitaron el pasado 31 de mayo penas de cárcel para José María Huete Morillo, Simón Viñals y Antonio Moreno. PSOE e IU consideran que los tres cargos del PP participaron en los presuntos delitos de prevaricación, malversación y falsedad en la venta parcial de la antigua funeraria municipal. Los socialistas reclaman, además, la apertura de juicio oral y penas de cárcel para los tres altos cargos de Funespaña imputados en el caso. 'Nuestra actitud es de colaboración con la justicia. Queremos que se resuelva lo más rápidamente posible', dijo ayer Rodrigo. 'No compartimos el criterio de imputación y no hemos conocido ni hemos participado en ninguna irregularidad. Me gustaría saber las causas de esa imputación, porque somos los primeros interesados en que esto se esclarezca', aseguró el presidente de Funespaña.
Rodrigo insistió en que, entre 1986 y 1993, el Ayuntamiento no abonó 'una sola peseta para mantener los cementerios y Funespaña asumió la deuda de la Empresa Mixta de Servicios Funerarios'. 'Quiero negar con rotundidad que hayamos tenido en algún momento información privilegiada', subrayó. El empresario aprovechó para exponer el balance de resultados de 2001. La funeraria facturó el año pasado 33 millones de euros, un 7% más que en 2000.