Desalojados 19 ancianos de una residencia ilegal de Pozuelo de Alarcón
Trece de ellos han pasado a centros públicos
La Comunidad de Madrid cerró ayer la residencia privada Montegancedo, en Pozuelo de Alarcón, por carecer de las preceptivas licencias administrativas. Los 19 ancianos que allí residían, algunos de ellos inválidos y otros en camilla, protagonizaron escenas de dolor al abandonar la que ha sido su casa. La Consejería de Servicios Sociales ha asignado plaza temporal a 13 de ellos en residencias públicas hasta que sus familiares encuentren un centro.
Ayer se cumplía el plazo dado por la Consejería de Servicios Sociales para proceder al cierre de la residencia Montegancedo, en cumplimiento de...
La Comunidad de Madrid cerró ayer la residencia privada Montegancedo, en Pozuelo de Alarcón, por carecer de las preceptivas licencias administrativas. Los 19 ancianos que allí residían, algunos de ellos inválidos y otros en camilla, protagonizaron escenas de dolor al abandonar la que ha sido su casa. La Consejería de Servicios Sociales ha asignado plaza temporal a 13 de ellos en residencias públicas hasta que sus familiares encuentren un centro.
Ayer se cumplía el plazo dado por la Consejería de Servicios Sociales para proceder al cierre de la residencia Montegancedo, en cumplimiento de un auto del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Madrid. Dieciocho ancianos de los 19 que residían en el centro permanecieron en la residencia hasta el último momento acompañados por sus familiares. 'Nos echan, ¡qué le vamos a hacer!', decía con lágrimas en los ojos Mariano Villa, de 86 años. Y continuaba: 'A mí me da mucha pena, porque ésta es mi casa y quería cumplir aquí los 87'.
Las declaraciones de Mariano se repetían en boca de los ancianos que estaban en condiciones de hablar. Además, diversas pancartas colocadas en la entrada del centro recordaban a la consejería el sentir de los residentes y sus familiares. 'Pensad en nosotros, algún día llegaréis a ser mayores', rezaba una de ellas. En otra se leía: 'Una licencia municipal vale más que el clamor de 30 familias'.
De los 19 ancianos, seis ingresaron directamente en otras residencias privadas y 13 fueron trasladados en microbús o ambulancia a las residencias adjudicadas por la Comunidad. Allí permanecerán hasta que sus familias encuentren otro centro privado, ya que sólo uno de ellos tiene derecho a una plaza cofinanciada en una residencia pública. La Consejería de Servicios Sociales ha dado a los familiares un mes de plazo para encontrar a sus mayores un lugar donde residir.
Francisco Panadero, secretario general técnico de la consejería, declaró tras el desalojo: 'La responsabilidad de estas situaciones hay que buscarla en aquel dueño que abre una residencia ilegal y en los familiares que introducen a sus mayores en estos centros'. Panadero agregó que 'no se trata de un problema burocrático'. Y recalcó: 'Lo que no tienen es la autorización preceptiva de los controles establecidos por la ley y por eso se cierra'.
El secretario general técnico aseguró desconocer la razón por la que el Ayuntamiento del municipio ha negado al establecimiento la preceptiva autorización municipal. Lo que sí advierte es que, sin ella, la Comunidad no puede permitir la apertura del establecimiento.
Versiones encontradas
Los dueños de la residencia de Montegancedo culpan al alcalde de Pozuelo de Alarcón, José Martín-Crespo, del Partido Popular, de poner trabas continuas para otorgarles el permiso municipal. Rosa Huici, directora de la residencia, asegura: 'Nos han estado toreando, han cambiado la normativa varias veces y hemos tenido que presentar tres proyectos diferentes, el último en mayo'. La propietaria asegura también que no se trata de un centro pirata. 'La Comunidad sabía que estábamos aquí. Antes de abrir las puertas vinieron tres inspectores, y hemos estado sometidos a inspecciones continuas', señala Huici.Los familiares también responsabilizan al primer edil de la situación creada. 'El alcalde dice que no puede dar la licencia porque hay problemas urbanísticos, pero la verdad es que los vecinos no quieren este centro al lado de sus chalés', argumenta Teresa, familiar de una residente. Teresa recuerda al alcalde que 'sus vecinos tienen derechos, ¿pero dónde quedan los derechos de los demás ciudadanos y de los ancianos?'. Martín-Crespo reconoce que el Ayuntamiento ha recibido quejas de los vecinos, pero esto no ha influido en la denegación del permiso. El alcalde sostiene: 'Nosotros hemos actuado con absoluto rigor, pidiendo informes técnicos y jurídicos que avalan la decisión tomada. Lo que se está discutiendo son los usos del lugar y, según la ordenanza, no se puede legalizar porque no cumple la normativa'. En cuanto al nuevo proyecto presentado por los dueños de la residencia el pasado día 7 de mayo, el Ayuntamiento todavía no ha empezado su tramitación. El alcalde mantiene que se estudiará su viabilidad, teniendo en cuenta todos los factores. Si el Ayuntamiento diera el visto bueno al proyecto, Servicios Sociales abriría un expediente nuevo para comprobar si procede conceder la autorización administrativa o no. Francisco Panadero, secretario general técnico de la consejería, puntualizó que las residencias de personas mayores son una actividad muy sensible, por lo que 'se tienen que abrir con todos los requisitos legales y con todas las licencias municipales y autonómicas'.
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