Menores inmigrantes

El informe del Comité para los Derechos del Niño de la ONU sobre el trato dado a los menores inmigrantes en España supone un nuevo aviso al Gobierno sobre las graves carencias de su política en esta materia, en especial en el caso de los niños inmigrantes no acompañados que llegan desde Marruecos a Ceuta y Melilla. El Defensor del Pueblo y organizaciones no gubernamentales como Amnistía Internacional y Human Rights Watch se habían manifestado con anterioridad en el mismo sentido. Pero el Gobierno no ha hecho ningún caso de tales advertencias por considerarlas falsas o exageradas.

En rea...

El informe del Comité para los Derechos del Niño de la ONU sobre el trato dado a los menores inmigrantes en España supone un nuevo aviso al Gobierno sobre las graves carencias de su política en esta materia, en especial en el caso de los niños inmigrantes no acompañados que llegan desde Marruecos a Ceuta y Melilla. El Defensor del Pueblo y organizaciones no gubernamentales como Amnistía Internacional y Human Rights Watch se habían manifestado con anterioridad en el mismo sentido. Pero el Gobierno no ha hecho ningún caso de tales advertencias por considerarlas falsas o exageradas.

En realidad, el informe de la ONU no añade nada nuevo a lo ya conocido. Su importancia radica en que abunda en un cuadro verdaderamante sombrío sobre el tratamiento dado a los menores inmigrantes en España: malos tratos policiales en el momento de su expulsión, fallos a la hora de proporcionarles residencia temporal, saturación y malas condiciones de los centros de acogida, denegación de asistencia sanitaria y de educación y, sobre todo, expulsiones sumarias de los niños indocumentados llegados desde Marruecos a Ceuta y Melilla. El Partido Popular ha negado de inmediato cualquier validez al informe, y las autoridades de Ceuta y Melilla han declarado que se trata de 'infundios y calumnias'.

La respuesta oficial sigue siendo restar credibilidad a informes que dejan en muy mal lugar al Ejecutivo. Pero el Gobierno debería explicar en el Congreso, como le han pedido los socialistas, por qué los ciudadanos deben creer que dice la verdad contra los informes coincidentes de varias organizaciones o instituciones, entre ellas la del Defensor del Pueblo español. En el caso de Ceuta y Melilla, el informe emitido el pasado mes de marzo por el Defensor es tan preciso y contundente que el Gobierno tendrá graves dificultades para desmentirlo. Las autoridades de las dos ciudades autónomas españolas, quizás porque el problema las supera, recurren a las expulsiones sumarias de menores inmigrantes sin preocuparse de contactar con sus familias ni con los servicios de protección de menores de Marruecos.

Da la impresión de que el Gobierno y las autoridades de inmigración han comenzado a aplicar a los menores inmigrantes, tomándolos como conejillos de Indias, las medidas expeditivas anunciadas en su reforma de la Ley de Extranjería. El delegado del Gobierno en Ceuta, quizás para garantizar que el problema está en vías de solución, ha asegurado que en esa reforma 'habrá una referencia específica a los menores inmigrantes transfronterizos'. ¿Se tratará entonces de hacer legal lo que ahora constituye una práctica manifiestamente ilegal?