El ministerio defiende una solución para el Teatro Romano 'muy pactada'

El secretario de Estado para la Cultura, Luis Alberto de Cuenca, manifestó ayer en Alicante que 'acabar con la estructura presente' del Teatro Romano de Sagunto, propiedad del Ministerio de Cultura, 'crea complicaciones y problemas'. Aunque se mostró remiso a comentar el anuncio de la Consejería de Cultura de derribar la obra nueva diseñada por Giorgio Grassi y Manuel Portaceli, De Cuenca señaló que la decisión sobre el futuro del monumento nacional 'en cualquier caso será integrada, común y muy pactada, de manera que el ministerio no va a tener un protagonismo absoluto en el tema'. Estas mani...

El secretario de Estado para la Cultura, Luis Alberto de Cuenca, manifestó ayer en Alicante que 'acabar con la estructura presente' del Teatro Romano de Sagunto, propiedad del Ministerio de Cultura, 'crea complicaciones y problemas'. Aunque se mostró remiso a comentar el anuncio de la Consejería de Cultura de derribar la obra nueva diseñada por Giorgio Grassi y Manuel Portaceli, De Cuenca señaló que la decisión sobre el futuro del monumento nacional 'en cualquier caso será integrada, común y muy pactada, de manera que el ministerio no va a tener un protagonismo absoluto en el tema'. Estas manifestaciones contradicen las vertidas por la subsecretaria de la Consejería de Cultura, Carmina Nácher, quien el pasado lunes insistió en que la medida anunciada es la 'única posibilidad de reversión' del teatro, cuya gestión está transferida a la Generalitat.

De Cuenca añadió que 'las recomendaciones han sido taxativas' en cuanto a que 'hay que derribar lo que se ha hecho', pero apuntó que el desarrollo de esas recomendaciones es 'muy complejo' desde los puntos de vista político y arquitectónico. 'No me cabe la menor duda de que las cosas que se planearon mal luego pueden tener una reversibilidad, pero tampoco de que acabar con una estructura presente crea complicaciones y problemas'.

El Consell Valencià de Cultura decidió ayer, por su parte, dirigirse a la Generalitat y a las Cortes para ofrecerse como mediador.