Letrados y grupos parlamentarios creen positiva la creación de una prueba para poder ejercer la abogacía

El Consejo General de la Abogacía -la organización que agrupa a todos los colegios de abogados de España- y los grupos parlamentarios de los partidos con mayor representación en el Congreso se mostraron ayer esencialmente de acuerdo con el anteproyecto de ley que, de salir adelante, impondrá una prueba de aptitud para poder ejercer la abogacía.

'Es necesario un control y una exigencia de calidad a la hora de incorporarse a un colegio de abogados', aseguró Carlos Carnicer, presidente de Consejo General de la Abogacía, que consideró la prueba como 'muy positiva'. Carnicer explicó que Espa...

El Consejo General de la Abogacía -la organización que agrupa a todos los colegios de abogados de España- y los grupos parlamentarios de los partidos con mayor representación en el Congreso se mostraron ayer esencialmente de acuerdo con el anteproyecto de ley que, de salir adelante, impondrá una prueba de aptitud para poder ejercer la abogacía.

'Es necesario un control y una exigencia de calidad a la hora de incorporarse a un colegio de abogados', aseguró Carlos Carnicer, presidente de Consejo General de la Abogacía, que consideró la prueba como 'muy positiva'. Carnicer explicó que España es el único país de la Unión Europea en el que no existe algún tipo de preparación para para poder ejercer la profesión.

En el Congreso, sólo el PNV y CiU pidieron que se introdujera algún cambio en el texto del anteproyecto para que no vulnerase competencias asumidas por las comunidades autónomas. Manel Silva, portavoz de Justicia del grupo catalán, recordó que 'la Generalitat es competente en materia de colegios profesionales y títulos académicos' y aunque se mostró de acuerdo con la creación de la prueba, pidió que se realizaran las modificaciones precisas para no vulnerar dichas competencias. Las mismas consideraciones fueron planteadas por la diputada del PNV Margarita Uria.

El diputado y representante del PSOE en el Pacto de Estado por la Justicia, Juan Fernando López Aguilar, destacó que la creación de la prueba se planteó en las reuniones de ese pacto y que 'cuenta con el consenso de toda la profesión'. López Aguilar quiso tranquilizar a los estudiantes que actualmente cursan la carrera, ya que la futura ley entrará en vigor seis años después de su aprobación.

Las únicas opiniones contrarias al anteproyecto provinieron de las universidades. El decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona, Miguel Ángel Aparicio, consideró que la prueba prevista por la futura ley margina por completo a las universidades ya que les da una presencia simbólica en los tribunales que evaluarán a los futuros abogados. Para Aparicio, la prueba sólo supondrá 'la repetición a peor de los apuntes de clase'.