El Gobierno rechaza la retirada de su reforma del desempleo

Aparicio se declara abierto al diálogo con los sindicatos

La brecha entre el Gobierno y los sindicatos por la reforma del desempleo es cada vez más profunda. El ministro de Trabajo, Juan Carlos Aparicio, aseguró ayer que el texto presentado por el Ejecutivo se mantiene, pese a que los sindicatos exigen su retirada inmediata. No obstante, Aparicio se declaró 'abierto al diálogo'.

El documento del Ministerio de Trabajo debe ser 'el esquema básico' ante cualquier negociación. Con este argumento, Aparicio dejó ayer claro a UGT y CC OO que no hay vuelta atrás en el cambio de las condiciones de los desempleados, aunque subrayó que está dispuesto a h...

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La brecha entre el Gobierno y los sindicatos por la reforma del desempleo es cada vez más profunda. El ministro de Trabajo, Juan Carlos Aparicio, aseguró ayer que el texto presentado por el Ejecutivo se mantiene, pese a que los sindicatos exigen su retirada inmediata. No obstante, Aparicio se declaró 'abierto al diálogo'.

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El documento del Ministerio de Trabajo debe ser 'el esquema básico' ante cualquier negociación. Con este argumento, Aparicio dejó ayer claro a UGT y CC OO que no hay vuelta atrás en el cambio de las condiciones de los desempleados, aunque subrayó que está dispuesto a hablar de propuestas. El ministro, que acudió a una recepción ofrecida en Barcelona por el presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, añadió que el diálogo debe hacerse 'en una mesa de trabajo'.

La reforma del desempleo, presentada oficialmente el 17 de abril, impone cambios en el actual sistema, como obligar a un parado a aceptar un empleo que diste hasta 50 kilómetros de su domicilio o retirar la prestación a quienes rechacen por tercera vez un puesto considerado adecuado por el Inem. Los sindicatos han amenazado con movilizaciones aún sin concretar, aunque la idea de una huelga general cobra cada vez más fuerza en las dos centrales mayoritarias.

Uno de los colectivos más afectados por la reforma será el de los trabajadores agrarios, ya que el Gobierno pretende eliminar progresivamente las ayudas del antiguo PER y pasar a un sistema contributivo. La Federación agroalimentaria de CC OO advirtió ayer de que los cambios 'convertirán a los trabajadores del campo en los de menores derechos' e intentó justificar con datos que esta medida es innecesaria. Cecilia Sanz, secretaria general de esta federación, explicó que, de los 821.000 trabajadores de la agricultura que hay en España, sólo 233.000 de Andalucía y Extremadura (el 28,38% del total) cobran algún subsidio. Sanz pidió que se establezca para estos empleados un estatus de fijos discontinuos en lugar de continuar como eventuales.

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