El 42% de los parados no tiene ni prestación ni subsidio de desempleo

La responsable de igualdad de UGT se detuvo en la rueda de prensa que ofreció ayer en la denuncia de falta de ayudas sociales a los desempleados y subrayó que el 42% de los parados no tiene acceso ni a prestación ni a subsidio de desempleo. Además, señaló que los problemas en la cobertura social alcanzan a las pensiones no contributivas. Por un lado, Ródenas dijo que existen unos 23.000 expedientes de pensiones por tramitar y que, una vez resueltos, los beneficiarios pueden tardar hasta 18 meses en cobrar las ayudas. A ello, añadió que durante los últimos cinco años, el aumento de estas pensio...

La responsable de igualdad de UGT se detuvo en la rueda de prensa que ofreció ayer en la denuncia de falta de ayudas sociales a los desempleados y subrayó que el 42% de los parados no tiene acceso ni a prestación ni a subsidio de desempleo. Además, señaló que los problemas en la cobertura social alcanzan a las pensiones no contributivas. Por un lado, Ródenas dijo que existen unos 23.000 expedientes de pensiones por tramitar y que, una vez resueltos, los beneficiarios pueden tardar hasta 18 meses en cobrar las ayudas. A ello, añadió que durante los últimos cinco años, el aumento de estas pensiones ha sido un 10% inferior al de la renta media nacional.

Otra de las notas que inciden negativamente en la capacidad adquisitiva de las rentas bajas es el salario mínimo estatal, a juicio de la secretaria de UGT. La responsable sindical apuntó que actualmente se encuentra en los 516 euros -85.855 pesetas-, una cifra que sitúa a España en el tercer lugar por la cola de la Unión Europea, sólo por delante de Grecia y Portugal y lejos de los 1.000 euros de media.

Ródenas cerró el círculo con la denuncia del descenso de gasto en protección social del Gobierno estatal. Apuntó que la politica fiscal del Ejecutivo popular que dirige José María Aznar castiga a las clases bajas al subir los impuestos indirectos y rebajar los directos. De esta forma, apuntó que mientras entre los años 1995 y 2000 la presión fiscal ha crecido un 2,4%, el gasto público general ha bajado un 5,2% y el dinero estatal destinado a protección social ha caído un 2,1%.