Trabajo sanciona a Sáez Merino por el uso irregular de contratos

El Ministerio de Trabajo ha levantado actas de infracción al grupo Sáez Merino por el uso irregular de contratos, 'que encubrían relaciones laborales fijas' en sus fábricas de Valencia y Castellón. La actuación afecta a 352 empleados, según el ministerio, y se produce porque la empresa textil daba de baja 'indebidamente' en la Seguridad Social a sus empleados. El proceso inspector se inició a finales de 2001, cuando la dirección y los sindicatos habían cerrado, tras un proceso de negociación conocido por la Administración según su gerente, Vicente Sáez Merino, un acuerdo para convertir en empl...

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El Ministerio de Trabajo ha levantado actas de infracción al grupo Sáez Merino por el uso irregular de contratos, 'que encubrían relaciones laborales fijas' en sus fábricas de Valencia y Castellón. La actuación afecta a 352 empleados, según el ministerio, y se produce porque la empresa textil daba de baja 'indebidamente' en la Seguridad Social a sus empleados. El proceso inspector se inició a finales de 2001, cuando la dirección y los sindicatos habían cerrado, tras un proceso de negociación conocido por la Administración según su gerente, Vicente Sáez Merino, un acuerdo para convertir en empleo estable a 650 trabajadores eventuales de la firma. Previamente, en 1999, la compañía había reconvertido otros 210 contratos temporales en fijos o fijos discontinuos. 'El inicio del plan de conversión de contratos es anterior al procedimiento infractor', manifestó ayer a este periódico el director de Recursos Humanos de la empresa, José Miguel Martínez. 'Me parece prematuro sacar a la luz algo que no está resuelto todavía, ya que la empresa no conoce aún las actas de infracción y liquidación'. Martínez redujo la cifra de trabajadores afectados a 290. Sáez Merino tiene una plantilla media de 1.950 empleados al año.

Esta actuación es parte de las campañas que Inspección de Trabajo realiza junto a la Seguridad Social y el Inem contra el fraude en la contratación temporal. Las últimas inspecciones también han detectado irregularidades en Sevilla y Córdoba.

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