Ansotegi considera 'racistas y xenófobas' las críticas a la apertura del nuevo centro

La Diputación de Vizcaya ha tenido que aparcar su proyecto de abrir un centro para menores inmigrantes en un caserío de Urduliz ante la repentina negativa de sus dueños a vender el inmueble. El acuerdo estaba casi cerrado, pero la súbita diferencia de criterios entre los propietarios, que ahora barajan subastar el inmueble, obliga a 'paralizar' la compra, sin otras opciones.

Ricardo Ansotegi, diputado foral de Acción Social, recalcó ayer que el cambio de criterio no tiene que ver con las alegaciones que en contra del plan han firmado más de 2.000 vecinos de Urduliz y de otras localidad...

La Diputación de Vizcaya ha tenido que aparcar su proyecto de abrir un centro para menores inmigrantes en un caserío de Urduliz ante la repentina negativa de sus dueños a vender el inmueble. El acuerdo estaba casi cerrado, pero la súbita diferencia de criterios entre los propietarios, que ahora barajan subastar el inmueble, obliga a 'paralizar' la compra, sin otras opciones.

Ricardo Ansotegi, diputado foral de Acción Social, recalcó ayer que el cambio de criterio no tiene que ver con las alegaciones que en contra del plan han firmado más de 2.000 vecinos de Urduliz y de otras localidades limítrofes. Este escrito sostiene que los menores 'deben ser confinados en un centro especial debido a su peligrosidad y comportamiento antisocial'.

Ansotegi no dudó ayer en considerar 'racistas y xenófobas' las argumentaciones vecinales para que el centro para menores inmigrantes no se instale en Urduliz. En su opinión, la única responsable del contenido del texto es su promotora, Begoña Unibaso, ex dirigente local del PNV actualmente fuera del partido, que actúa 'por venganza'. El diputado expresó su confianza en que los propietarios del caserío reconsideren su decisión e insistió en que la apertura de una nueva residencia no se ha suspendido.

El caserío, con capacidad para 30 personas, está alejado del centro urbano del municipio y su coste asciende a 991.000 euros, a los que habría que añadir otros 180.000 para las obras de adaptación. El centro completaría a los ya existentes en Loiu, que acoge actualmente a 68 menores, y Orduña, donde residen otros 30. Otros ocho jóvenes inmigrantes mayores de edad viven emancipados en pisos de la Diputación vizcaína. En la actualidad, aunque continúa el flujo migratorio, el número de los que se marchan es mayor de los que se establecen. Durante el primer trimestre de este año llegaron a Vizcaya 108 jóvenes y salieron 129.

Ansotegi dijo entender que los municipios no acojan con 'ilusión' una residencia de estas características, pero anunció que la Diputación seguirá construyendo infraestructuras sociales con independencia de casos aislados de rechazo. 'Cumplimos la ley y ningún alcalde ni grupo de vecinos puede conseguir que abandonemos, independientemente de que se pueda llegar a acuerdos', recalcó. El Ayuntamiento de Urduliz respaldó la instalación del centro en su municipio, expresando así la verdadera opinión de la población, según el diputado.