El Segura recibe al año 30 toneladas de cromo, según un estudio oficial
Pro-Río acusa al Consell de ocultar el informe del Gobierno murciano
'La industria del curtido situada en Lorca (Murcia) aporta al cauce del río Guadalentín, afluente del Segura, un vertido conjunto de más de medio millón de metros cúbicos, conteniendo entre 30.000 y 40.000 kilogramos de cromo y sus sales'. Así lo reconoce textualmente un dictamen del Consejo Económico y Social (CES) de la Región de Murcia elaborado en 1999 a instancias del consejero murciano de Medio Ambiente.
El informe lo dio ayer a conocer -tres días antes de la manifestación del domingo en Orihuela por el saneamiento del Segura- el portavoz de la Comisión ProRío Segura, José Antonio...
'La industria del curtido situada en Lorca (Murcia) aporta al cauce del río Guadalentín, afluente del Segura, un vertido conjunto de más de medio millón de metros cúbicos, conteniendo entre 30.000 y 40.000 kilogramos de cromo y sus sales'. Así lo reconoce textualmente un dictamen del Consejo Económico y Social (CES) de la Región de Murcia elaborado en 1999 a instancias del consejero murciano de Medio Ambiente.
El informe lo dio ayer a conocer -tres días antes de la manifestación del domingo en Orihuela por el saneamiento del Segura- el portavoz de la Comisión ProRío Segura, José Antonio Muñoz Grau, quien aseguró que los gobiernos de Murcia y de Valencia y la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) conocían la existencia de estos vertidos (que el propio documento tilda de 'tóxicos' y con 'un impacto importante') y, sin embargo, 'negaron y ocultaron sistemáticamente dicha información'.
Muñoz Grau recordó una frase que el presidente de la CHS, Juan Cánovas, repitió invariablemente cuando las plataformas ecologistas revelaron que se producían vertidos altamente contaminantes en el cauce del río Guadalentín. 'En mis informes no consta que haya cromo', dijo Cánovas.
Para el portavoz de la Comisión Pro-Río 'este escrito [el informe del CES] es la mejor prueba de que la Administración nos ha estado mintiendo', por lo que 'pediremos responsabilidades penales' al gobierno del Partido Popular. El portavoz de Pro-Río tachó de 'criminal' la actitud que han mantenido las administraciones de Murcia, Valencia y Lorca al 'silenciar y permitir esta situación', y ha anunciado que remitirá esta documentación al fiscal que investiga un presunto delito ecológico en el juzgado número 4 de Murcia, cuyo instructor ha imputado a Juan Cánovas.
'Queremos que se determine si ocultar un envenenamiento de estas dimensiones constituye un delito contra la salud, el medio ambiente o de prevaricación', dijo Muñoz Grau, quien adelantó que con esta aportación documental tratarán de conseguir también 'la imputación del alcalde de Murcia'.
Mientras el presidente de la Generalitat aseguró el miércoles en La Vega Baja que la situación del río no entraña riesgo para la salud de las personas, Pro-Río recalcó ayer el alarmante riesgo para la salud que produce un vertido de cromo, pues este metal pesado se asocia 'a determinadas afecciones cancerígenas'.
El informe fue aprobado por el Consejo Económico y Social de la Región de Murcia el 23 de febrero de 1999 y era contestación a una solicitud formulada por el consejero de Medio Ambiente, Agricultura y Agua el 21 de diciembre de 1998. El documento reconoce la grave problemática medioambiental que sufre el río Segura, principalmente a su paso por la Vega Baja, y detalla minuciosamente las causas de esta progresiva degradación. La calidad actual de las aguas tiene su origen en la carga contaminante aportada por los 1.583 vertidos que se realizan a los cauces de la cuenca, de los cuales 'el 67% corresponden a la Región de Murcia, y de éstos el 55% a vertidos de origen industrial (...)'.
El estudio abunda en las deficiencias que presentan las infraestructuras de depuración a lo largo de todo el cauce. 'La contaminación de origen urbano (...) es consecuencia de que una parte muy significativa de las estaciones depuradoras que afectan a los ríos no funcionan (...) En el conjunto de la cuenca, de las 207 depuradoras inventariadas, sólo 87 realizan su labor adecuadamente', subraya el informe.
Archivado En
- V Legislatura Comunidad Valenciana
- Vertederos ilegales
- Residuos tóxicos
- Contaminación ríos
- Consejerías autonómicas
- Ecologismo
- Río Segura
- Vertederos
- Contaminación agua
- Ríos
- Residuos
- Generalitat Valenciana
- Parlamentos autonómicos
- Ecologistas
- Comunidad Valenciana
- Saneamiento
- Gobierno autonómico
- Región de Murcia
- Organizaciones medioambientales
- Comunidades autónomas
- Espacios naturales
- Salud pública
- Parlamento
- Contaminación
- Política autonómica