La asesinada en Villava había denunciado 20 veces a su marido desde enero

La familia de Alicia Arístregui Beraza, la mujer de 37 años asesinada a puñaladas por su marido en plena calle el pasado martes en Villava (Navarra), denunció ayer la 'ineficacia absoluta' de los juzgados para prevenir estos 'asesinatos anunciados'. Eugenio, hermano de la víctima y portavoz de su familia, expresó su profunda decepción por la respuesta de los jueces ante el reguero de denuncias -20 desde el pasado mes de enero- interpuestas por Alicia. La mujer tramitaba la separación desde hacía meses y vivía protegida por su familia ante las amenazas de muerte del esposo, Jesús Gil Peláez, qu...

La familia de Alicia Arístregui Beraza, la mujer de 37 años asesinada a puñaladas por su marido en plena calle el pasado martes en Villava (Navarra), denunció ayer la 'ineficacia absoluta' de los juzgados para prevenir estos 'asesinatos anunciados'. Eugenio, hermano de la víctima y portavoz de su familia, expresó su profunda decepción por la respuesta de los jueces ante el reguero de denuncias -20 desde el pasado mes de enero- interpuestas por Alicia. La mujer tramitaba la separación desde hacía meses y vivía protegida por su familia ante las amenazas de muerte del esposo, Jesús Gil Peláez, quien en la mañana de ayer se entregó voluntariamente a la Policía Foral de Navarra.

'En los juzgados de Pamplona no hicieron absolutamente nada de nada. De las denuncias, una estaba en un cajón, otra en otro; una en un juzgado de instrucción, la siguiente en otro, desperdigadas... y nadie las hacía caso', indicó Eugenio. El portavoz familiar subrayó que, ante la reiteración de las amenazas verbales y los malos tratos físicos, los últimos meses, advirtieron a la juez que estaban dispuestos a denunciar públicamente la inacción de los juzgados 'e incluso a iniciar una huelga de hambre, dada la gravedad de la situación', manifestó Eugenio. 'Pero parece ser que sólo veíamos la gravedad nosotros. La juez no lo vio en ningún momento', añadió.

'Este psicópata la violaba reiteradamente. Cuando mi hermana se negaba a hacer el amor con él, la echaba de la cama a patadas, la sacaba a un balcón desnuda y la encerraba allí toda la noche. A veces la echaba agua por encima', confesó su hermano Eugenio. La mujer, con dos hijos de 9 y 14 años, sufrió un aborto como consecuencia, indica la familia, de los malos tratos recibidos. 'Este individuo es irrecuperable. Ahora está calculando la condena que le va a caer encima, pero volverá a matar. Nos ha amenazado a todos y matará de nuevo', auguró Eugenio Arístregui. El agresor había demandado ante los juzgados la custodia de sus hijos y tenía concedido un régimen de visitas los martes, jueves y fines de semana alternos.

Jesús Gil Peláez, de 39 años y natural de Madrid, telefoneó a la Policía Foral de Navarra para entregarse. Gil usó su propio teléfono móvil, un aparato al que uno de los hermanos de la asesinada le llamó durante su huida para reprocharle el crimen. La respuesta del agresor, según los hermanos, fueron más amenazas de muerte. La Policía Foral detuvo al agresor en las inmediaciones del cementerio de Azoz, un pequeño pueblo cercano a Villava. Jesús Gil, que no opuso resistencia, señaló que había pasado la noche escondido en los montes cercanos. Gil Peláez tenía antecedentes policiales por robo con violencia y malos tratos.

Medida cautelar

En enero pasado, el Juzgado de Instrucción número 3 de Pamplona decretó, como medida cautelar, la prohibición de que se acercara a menos de 500 metros de su esposa, con la que convivía desde hacía 14 años. Las denuncias de Alicia llevaron al Ayuntamiento de Villava a distribuir la foto del marido a sus patrullas para establecer un sistema de vigilancia. Al menos en dos ocasiones, según confirmó el alcalde, Alfonso Ucar, Gil huyó de Villava al ser advertida su presencia por la policía local. Alicia disponía en su domicilio de un sistema automático de llamada de urgencias conectado con la Policía Municipal de Villava para casos de urgencia, que nunca usó.

El Ayuntamiento de Villava ha convocado a toda la población a una manifestación que se celebrará mañana. Partidos políticos y asociaciones de defensa de mujeres maltratadas pidieron 'tolerancia cero' para este tipo de agresiones y demandaron una 'ley de medidas integrales'.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, Rafael Ruiz de la Cuesta, declinó hacer declaraciones sobre la actuación en este caso de los jueces bajo su jurisdicción.