La explotación política de éxito
Tanto en la guerra como en la lucha por el poder político es habitual que los contendientes aprovechen las ventajas que les brinda la provisoria o definitiva debilidad del adversario. La flaqueza, el error o el tropiezo son una oportunidad para abrir brecha y mermar la fortaleza del contrario. No se necesitan las lecciones del prusiano Clausewitz para practicar esta norma bélica elemental. Práctica que, hasta ahora, no se le ha propiciado a los socialistas valencianos y al conjunto de la oposición, resignada a criticar aspectos menores de la acción del Gobierno autonómico, o irrelevantes en to...
Tanto en la guerra como en la lucha por el poder político es habitual que los contendientes aprovechen las ventajas que les brinda la provisoria o definitiva debilidad del adversario. La flaqueza, el error o el tropiezo son una oportunidad para abrir brecha y mermar la fortaleza del contrario. No se necesitan las lecciones del prusiano Clausewitz para practicar esta norma bélica elemental. Práctica que, hasta ahora, no se le ha propiciado a los socialistas valencianos y al conjunto de la oposición, resignada a criticar aspectos menores de la acción del Gobierno autonómico, o irrelevantes en todo caso para sensibilizar al electorado.
Pero ha estallado el caso Cartagena y, como era de esperar, los arietes del PSPV y EU se han apresurado a exprimir la ocasión, convencidos de que, bien administrada retórica y mediáticamente, esta condena del ex consejero de Obras Públicas del PP, ha de hacerle mella al partido -realmente consternado por este suceso- y al mismo presidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, que es el verdadero objeto de las requisitorias y andanadas. Por cierto, que éstas nos han parecido mucho más moderadas de lo que cabía prever. Quizá porque están convencidos de que, por una vez, tienen buenas cartas en las manos para dosificar la jugada y prolongar al máximo el desgaste del adversario. Una variante hábil de la explotación del éxito.
Por lo pronto, el PSPV ha puesto al PP en el brete de aceptar en el seno de las Cortes Valencianas una comisión investigadora de la gestión política de Luis Fernando Cartagena. Una purga amarga, inevitable y novedosa para los populares, a menudo infatuados por creerse blindados contra estos tragos. ¿Investigarnos a nosotros, adalides de la limpieza ética? Pues sí, y la única respuesta coherente por su parte consiste en limitar los riesgos. Esto es, tratar de acotar la pesquisa al periodo -denso y dinámico- en el que el encartado gobernó con holgadas mayorías y resolutivo estilo el municipio orcelitano. Es, además, el periodo en el que se producen los hechos que la Audiencia Provincial de Alicante acaba de condenar y en el que se produce la explosión urbanística de la Vega Baja.
Los socialistas, en cambio, proponen que la pesquisa comprenda también los años -1995 a 1998- en los que L. F. Cartagena fue titular de la Consejería de OP. No parece que tal petición tenga mucho fundamento si no se han aportado indicios o pruebas de conductas irregulares, que nosotros sepamos, de la citada gestión y periodo. Claro que, puestos a indagar, siempre se hallará el pecado original. Sin embargo, sea cual fuere el ámbito de la investigación que se acabe concertando, nos tememos que el rifirrafe parlamentario que se avecina será un prodigio de amenidad. Otra cosa es que el debate sobre el llamado 'mayor escándalo político de la democracia en la Comunidad' decante otras consecuencias más ilustrativas o expiatorias, al margen de la dosis de mortificación colectiva que le cumple asumir al PP por el error o delito de uno de sus miembros más conspícuos.
Y de conspícuos va la cosa porque, en consonancia con el escándalo y el propósito demoledor de los socialistas, éstos han pedido la comparecencia del molt honorable Eduardo Zaplana, aun cuando en las fechas de autos -1993- no era presidente de la Generalitat. Sí lo era entonces -y el PP lo citaría- Joan Lerma, a quien seguiría Eugenio Burriel, que ocupaba la Consejería de OP y Urbanismo, desde cuya atalaya administrativa algo o mucho habría de saber acerca del boom especulativo de aquella comarca meridional objeto tantas sospechas y denuncias.
Menos o ninguna lógica tiene a nuestro entender la presunta convocatoria de quien fuera consejero de Industria, Andrés García Reche. Colegimos que se intenta centrifugar responsabilidades y animar la pasarela parlamentaria. Pero, de estar en la piel del portavoz popular Alejandro Font de Mora, o de los tácticos que dirigen la maniobra, nos pensaríamos esta llamada porque la criada podría salirles respondona, pues el mentado catedrático y escritor es muy capaz de brear a sus inquisidores a poco que eche mano de la ironía. Hay tipos que conviene leerles más que hostigarles con preguntas sobre un pasado que ha de antojársele remoto y no poco esperpéntico. Más o menos como todo este escándalo.
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