La ley permitirá juzgar el 70% de los delitos

Las reformas legislativas para implantar los juicios rápidos han sido insistentemente solicitadas por el Ministerio del Interior como una de los claves para frenar el aumento de la delincuencia. Los responsables de Interior y Justicia calculan que este sistema permitirá juzgar entre el 70% y el 75% de los delitos menores (o menos graves): robos y hurtos a personas, en viviendas y de coches (o en su interior), las lesiones, coacciones y amenazas.

Estas modalidades delictivas fueron las que más crecieron durante el año 2001. Los hurtos se incrementaron en un 20,34%; los robos con fuerza e...

Las reformas legislativas para implantar los juicios rápidos han sido insistentemente solicitadas por el Ministerio del Interior como una de los claves para frenar el aumento de la delincuencia. Los responsables de Interior y Justicia calculan que este sistema permitirá juzgar entre el 70% y el 75% de los delitos menores (o menos graves): robos y hurtos a personas, en viviendas y de coches (o en su interior), las lesiones, coacciones y amenazas.

Estas modalidades delictivas fueron las que más crecieron durante el año 2001. Los hurtos se incrementaron en un 20,34%; los robos con fuerza en vivienda un 11,49%; las sustracciones en coches un 15,21 y los robos con violencia e intimidación, un 10,71%. El perfil de la víctima de estos crímenes es el de un hombre de entre 35 y 47 años y con estudios universitarios, según el Instituto de Estudios de la Policía.

Justicia e Interior consideran que los juicios rápidos, además, permitirán acabar con 'la impresión generalizada de aparente impunidad e indefensión de la ciudadanía ante cierto tipo de delitos', ya que los delincuentes suelen aprovechar las dilaciones judiciales para ponerse fuera del alcance de la ley. 'El delincuente tiene que saber que si le cogen lo van a sentenciar y va a cumplir la condena rápido', afirmaba recientemente un alto cargo de Interior. Eso evitará, de paso, la rápida reincidencia en el delito -aunque puede suponer una sobrecarga para el sistema penitenciario- y propiciará una mayor protección y amparo de las víctimas.