El PSE califica de 'atentado' que el PP donostiarra frene la construcción de vivienda
La polémica que mantienen los socios de gobierno en el Ayuntamiento de San Sebastián (PSE-EE y PP) sobre la operación urbanística de Auditz Akular no tiene visos de apagarse. 'San Sebastián necesita imperiosamente construir viviendas Y, por tanto, cuando un expediente está preparado, es un atentado pararlo con argumentos incomprensibles', manifestó ayer el concejal de Urbanismo, el socialista Jorge Letamendia, dirigiéndose a los populares.
Éste es el nuevo capítulo de una tormenta que se desató el martes, cuando el PP se negó a apoyar en comisión de gobierno la modificación del Plan Ge...
La polémica que mantienen los socios de gobierno en el Ayuntamiento de San Sebastián (PSE-EE y PP) sobre la operación urbanística de Auditz Akular no tiene visos de apagarse. 'San Sebastián necesita imperiosamente construir viviendas Y, por tanto, cuando un expediente está preparado, es un atentado pararlo con argumentos incomprensibles', manifestó ayer el concejal de Urbanismo, el socialista Jorge Letamendia, dirigiéndose a los populares.
Éste es el nuevo capítulo de una tormenta que se desató el martes, cuando el PP se negó a apoyar en comisión de gobierno la modificación del Plan General, determinante para construir 3.000 viviendas -2.500 protegidas- en el ensanche de Alza. Los populares aducen que es necesaria la revisión del planeamiento, máxime cuando se trata de la construcción de 'todo un barrio', según la edil del PP María San Gil.
Letamendía trató de responder ayer a todas y cada una de las acusaciones vertidas en días precedentes por su socio de gobierno. A la queja popular sobre la falta de transparencia replicó: 'Nunca un expediente ha sido intervenido por más responsables políticos y técnicos en esta ciudad. Hemos estado durante tres años con interminables reuniones'.
Las disputas en los medios de comunicación no han cambiado el parecer del PP, que no está dispuesto a apoyar la modificación del Plan General en el pleno que se celebrará el 5 de marzo. El PP entiende que resulta 'escandaloso estar toda la legislatura con modificaciones puntuales', en palabras de San Gil. 'Estamos hablando de construir todo un barrio y debe ser la futura oficina de revisión del Plan General, donde hay técnicos de dentro y de fuera de la casa, la que se encargue de diseñar el proyecto', agregó. Dicha oficina no se ha constituído aún porque aún quedan cinco días para que finalice el plazo para la presentación de ofertas, aseguró Letamendía.
El edil aprovechó esta explicación para recordar que el planeamiento vigente se empezó a revisar en 1988 y no concluyó hasta 1995. 'El Ayuntamiento mientras tanto hizo modificaciones puntuales', señaló. Letamendía cree que no se puede frenar un proyecto de estas características durante tanto tiempo. El secretario general del PSE guipuzcoano, Manuel Huertas, llevó la disputa al terreno netamente político y dijo que el PP está realizando 'un calculado proceso de deslealtades' dirigido a 'provocar la ruptura' del pacto de gobierno local con los socialistas.
Un cambio legal del PP
El edil socialista no sólo respondió ayer a sus socios de gobierno, ya que la disputa traspasó el jueves las puertas del consistorio. Un colectivo de vecinos del barrio de Alza criticó que el Ayuntamiento -que ha invertido ya cerca de 2.000 millones en compra de suelo para esta operación- adquiriese en noviembre pasado una finca rústica a 33 euros (5.500 pesetas) el metro cuadrado, un precio cuatro veces superior al que desembolsó su comprador año y medio antes, sin que en este tiempo se haya alterado la clasificación del suelo. Acusaban al PSE-EE de 'propiciar la especulación del suelo con dinero público'.
Latamendía replicó que 'la Administración, debido a un cambio de leyes que hizo el PP en el 98, no puede expropiar suelos no urbanizables para después reclasificarlos. Esto encarece los suelos que hay que expropiar'. El Ayuntamiento necesita hacerse con terrenos para llevar adelante la operación de Auditz Akular y, según el edil socialista, no conseguiría comprarlos si no ofreciera un precio cercano al del mercado. Sus propietarios se negarían a venderlos al saber que más adelante, con la reclasificación, podrían lograr más dinero.