Dignidad también para morir

La muerte es, sin duda, un hecho terrible pero es, también, un hecho inevitable. Y ello a pesar de la tendencia creciente en nuestras sociedades a ocultarla, bien no afrontando su existencia inexorable bien tratando de convencernos de que la eterna juventud es posible. La muerte es, pues, una realidad a la que cada uno de nosotros, individualmente, nos tenemos que enfrentar, confiando que sea lo más tarde posible. Por otro lado, hay penosas circunstancias de degradación de la vida provocada por determinadas enfermedades ante las que es lícito preguntarse si, en esas condiciones es adecuado den...

La muerte es, sin duda, un hecho terrible pero es, también, un hecho inevitable. Y ello a pesar de la tendencia creciente en nuestras sociedades a ocultarla, bien no afrontando su existencia inexorable bien tratando de convencernos de que la eterna juventud es posible. La muerte es, pues, una realidad a la que cada uno de nosotros, individualmente, nos tenemos que enfrentar, confiando que sea lo más tarde posible. Por otro lado, hay penosas circunstancias de degradación de la vida provocada por determinadas enfermedades ante las que es lícito preguntarse si, en esas condiciones es adecuado denominarla vida.

Ante ello, reivindicar la legalización de la eutanasia, es exigir el derecho individual e intransferible a ejercitar dos de los más elevados atributos del ser humano como ser racional: la libertad de elegir y el concepto que cada uno de nosotros tenemos de nuestra propia dignidad. No se trata, por tanto, de violentar la voluntad de ningún ser humano por dura e insufrible que a los demás nos parezca su situación física provocada por esas dos circunstancias. Precisamente, defender la legalización de la eutanasia trata de todo lo contrario: de no obligar a nadie a violentar su voluntad prolongándole el sufrimiento, físico o psíquico. De lo que se trata, por lo tanto, es de no prohibir ejercer la libertad individual para finalizar, en esas duras circunstancias, nuestra existencia.

Otras sociedades, con Holanda a la cabeza, han reconocido estos hechos y han adaptado su legislación a una realidad tan inexorable como la muerte misma. Entre nosotros, algunas Comunidades Autónomas, como Cataluña o Galicia, dieron hace algún tiempo pasos insuficientes en esa dirección a los que ahora, tarde y mal, se quiere sumar la Comunidad Valenciana. Pero no se trata de cubrir un expediente. De lo que se trata es de reconocer ya el derecho de toda persona, en especial los enfermos terminales o irreversibles, a disponer con libertad de su cuerpo y de su vida y a elegir libre y legalmente el momento y los medios para finalizarla sin que otros, familiares o personal médico, pueda decidir por ella. Lo cual es muy diferente a lo que se pretende aprobar entre nosotros.

Teresa Carnero pertenece a la asociación Derecho a Morir Dignamente y es catedrática de Historia Contemporánea en la Universidad de Valencia.