El fiscal pidió prisión pero con un juicio rápido en menos de 20 días

La Fiscalía de Sevilla considera que los presuntos delitos cometidos por los asaltantes al rectorado de la Universidad de Sevilla son merecedores de cárcel. Por eso, el fiscal encargado del caso, pidió el encarcelamiento de los sospechosos sin fianza, aunque esta contundente postura se circunscribía al hecho de que el juicio a estas personas no tardara en celebrarse más de 15 o 20 días. Finalmente, la juez desestimó los argumentos del fiscal y ordenó la libertad sin fianza de los sospechosos.

Desde la Fiscalía de Sevilla, se argumenta que los detenidos son sospechosos de al menos tres d...

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La Fiscalía de Sevilla considera que los presuntos delitos cometidos por los asaltantes al rectorado de la Universidad de Sevilla son merecedores de cárcel. Por eso, el fiscal encargado del caso, pidió el encarcelamiento de los sospechosos sin fianza, aunque esta contundente postura se circunscribía al hecho de que el juicio a estas personas no tardara en celebrarse más de 15 o 20 días. Finalmente, la juez desestimó los argumentos del fiscal y ordenó la libertad sin fianza de los sospechosos.

Desde la Fiscalía de Sevilla, se argumenta que los detenidos son sospechosos de al menos tres delitos, algunos de los cuales podrían suponer para aquel al que se le declare culpable penas de hasta tres años de encierro. Los citados delitos son desorden público, agresión y daños contra el patrimonio histórico-artístico.

De entre los 15 detenidos -hasta el momento, ya que los investigadores persiguen al menos a otros cuatro, en este momento catalogados por la policía como en paradero desconocido-, la Fiscalía de Sevilla asegura que hay suficientes pruebas contra cuatro de ellos como para que se ordenara la prisión sin fianza.

Según fuentes cercanas a la investigación, determinadas caras aparecen en todos los vídeos en los que se registran los supuestos tres delitos. Pero el parecer de la juez encargada del caso no ha sido el mismo y ha optado por dejar a todos los detenidos en libertad.

La exigencia implícita en la petición de la Fiscalía -un juicio rápido en 20 días-, por lo tanto, también permanece como una incógnita.

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