Doce años de negociación entre la Generalitat y el Ayuntamiento
El Ayuntamiento de Barcelona, que según el censo del año 2000 tiene 1.503.451 habitantes en los 98 kilómetros cuadrados de su término municipal estricto, padece desde hace años una grave disminución de su capacidad de gobernar sobre lo que en la práctica constituye la ciudad real, el conjunto de su área metropolitana.
Esta disminución procede, en gran medida, de la supresión en 1987 de la Corporación Municipal Metropolitana (CMB), un organismo que estaba formado por los 27 municipios del entorno barcelonés, incluida la capital catalana. La supresión fue una decisión de Gobierno de CiU, ...
El Ayuntamiento de Barcelona, que según el censo del año 2000 tiene 1.503.451 habitantes en los 98 kilómetros cuadrados de su término municipal estricto, padece desde hace años una grave disminución de su capacidad de gobernar sobre lo que en la práctica constituye la ciudad real, el conjunto de su área metropolitana.
Esta disminución procede, en gran medida, de la supresión en 1987 de la Corporación Municipal Metropolitana (CMB), un organismo que estaba formado por los 27 municipios del entorno barcelonés, incluida la capital catalana. La supresión fue una decisión de Gobierno de CiU, cuyo presidente, Jordi Pujol, creía que la CMB, integrada por municipios con abrumadoras mayorías de izquierda y dirigida en la práctica por el alcalde de Barcelona, actuaba como el Gobierno de la parte más poblada y productiva de Cataluña. Pujol creía que esta situación acabaría convirtiendo a Cataluña en una diarquía. Es decir, un país con dos gobiernos, el de la capital metropolitana, en manos de la izquierda, y el del resto, el suyo.
Ante el temor de que esta situación socavara su poder, suprimió la CMB, y el urbanismo de Barcelona y su área pasaron a depender del Gobierno catalán. El resultado fue que Barcelona y su área, que albergan a 2.833.224 habitantes en 476 kilómetros cuadrados, tienen desde entonces serias dificultades para competir con las grandes ciudades, en España y en Europa.
A esta situación pretende hacer frente la Carta de Barcelona. La aprobación por unanimidad en 1998 de la parte relativa a las competencias autonómicas ha exigido 12 años de agotadoras negociaciones con CiU, que provocaron sustanciales recortes al proyecto inicial.