La Audiencia de Granada mantiene la pena por aborto contra dos médicos
La sala segunda de la Audiencia de Granada denegó ayer la suspensión de la pena de ocho meses de cárcel contra dos médicos por un delito de aborto solicitada en un dictamen por la Fiscalía, la única parte que ejerce la acusación. La sala alega que esa decisión corresponde al Tribunal Constitucional, al que los condenados recurrieron en apelación. En cambio, abre la posibilidad de conmutar la prisión por una multa una vez que el fiscal y la defensa se pronuncien acerca de su cuantía.
Fuentes judiciales mostraron ayer su sorpresa por la resistencia de la Audiencia de Granada a zanjar, en ...
La sala segunda de la Audiencia de Granada denegó ayer la suspensión de la pena de ocho meses de cárcel contra dos médicos por un delito de aborto solicitada en un dictamen por la Fiscalía, la única parte que ejerce la acusación. La sala alega que esa decisión corresponde al Tribunal Constitucional, al que los condenados recurrieron en apelación. En cambio, abre la posibilidad de conmutar la prisión por una multa una vez que el fiscal y la defensa se pronuncien acerca de su cuantía.
Fuentes judiciales mostraron ayer su sorpresa por la resistencia de la Audiencia de Granada a zanjar, en contra del criterio del fiscal jefe de Andalucía, Jesús García Calderón, el caso de los médicos Bolívar Osvaldo Serge y Mohamed Zacarías El Kassem. Dichas fuentes señalaron que la sala sí está facultada para suspender el cumplimiento de la pena privativa de libertad. Los magistrados han preferido mantener durante diez días la intriga sobre el desenlace final.
La providencia, notificada ayer, señala que 'antes de decidir sobre la sustitución de la pena de prisión por la de multa' se cita al fiscal y a la defensa para que 'se pronuncien acerca de la cuantía de la multa'. La ley prevé dos cuotas, que oscilan entre las 200 y las 50.000 pesetas, por día de prisión.
Del dictamen anterior se deduce que la Fiscalía optará por una cuota reducida teniendo en cuenta que los médicos han cumplido la pena de ocho meses de inhabilitación que llevaba aparejada la sentencia de Granada ratificada luego parcialmente por el Supremo.