Editorial:

Listas

El secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, propuso que la comisión de seguimiento del Pacto Antiterrorista se reuniera para tratar del problema de la seguridad de los concejales vascos no nacionalistas amenazados por ETA y de la dificultad que sus formaciones pueden tener para presentar candidaturas electorales en determinados municipios. El secretario general del PP, Javier Arenas, ha rechazado la propuesta a botepronto y en términos despectivos con el argumento de que el Pacto no debe reunirse 'en función de los problemas internos' de los partidos.

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El secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, propuso que la comisión de seguimiento del Pacto Antiterrorista se reuniera para tratar del problema de la seguridad de los concejales vascos no nacionalistas amenazados por ETA y de la dificultad que sus formaciones pueden tener para presentar candidaturas electorales en determinados municipios. El secretario general del PP, Javier Arenas, ha rechazado la propuesta a botepronto y en términos despectivos con el argumento de que el Pacto no debe reunirse 'en función de los problemas internos' de los partidos.

El planteado por el acoso a que se ven sometidos los concejales no es un asunto interno, sino algo que concierne a todos los demócratas. Incluyendo a los nacionalistas, como vino a recordar Zapatero al anunciar, poco después, su intención de trasladar la cuestión también al Ejecutivo vasco. Porque ya no es sólo que en Durango, por ejemplo, localidad de 25.000 habitantes, los socialistas no hayan podido sustituir a un concejal dimitido porque se han negado todos los que iban tras él en la lista, suplentes incluidos; o que sean ya más de 30 los ediles de PP y PSOE que han renunciado desde el fin de la tregua. Lo que ahora se plantea es la posibilidad de que en algunos municipios haya partidos que no puedan presentarse a las elecciones por imposibilidad de completar una candidatura.

Ibarretxe ha sido receptivo a la sugerencia de Zapatero. Desde luego, el Gobierno vasco y el partido que lo preside desde hace más de 20 años no pueden lavarse las manos ante la evidencia de que no todos los partidos pueden concurrir en igualdad de condiciones a las elecciones. Es todo el sistema democrático vasco el que se pone en peligro de deslegitimación si el miedo consigue dejar sin representación a los partidos que ETA decida sacar de los ayuntamientos.

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PP y PSOE podrían presentar listas conjuntas en esos municipios. Esto ayudaría a completar algunas listas, pero no resuelve lo esencial: que los ciudadanos puedan votar al partido al que votarían de no existir la coacción de ETA. La hipótesis de una lista de todas las fuerzas democráticas, incluyendo las que no se sienten amenazadas, plantearía el mismo problema, pero podría tener sentido como forma de hacer patente el rechazo de la mayoría pacífica a la minoría violenta. Siempre que fuera una fórmula limitada a casos verdaderamente excepcionales, presentar una lista conjunta en competencia con la de Batasuna serviría para dejar constancia de la anormalidad de la situación y de la respuesta solidaria de todos los demócratas.

En todo caso, lo primero es que el problema deje de ser sólo motivo de lamentaciones y se convierta en prioridad del Gobierno vasco y los partidos democráticos. Un organismo como la Mesa de Ajuria Enea sería el adecuado para abordarlo, pero, lamentablemente, ya no existe. La propuesta de Zapatero de una mesa que reúna en torno al consejero de Interior a todos los partidos democráticos para tratar asuntos relacionados con la seguridad podría ser el germen de un organismo como aquél, hoy más necesario que nunca. Que Arenas se lo piense un momento antes de rechazarlo sin mirar.

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