La Universidad como fábrica de recursos humanos
La prestigiosa doctora Nancy Olivieri de la Universidad de Toronto, investigadora experta sobre una extraña enfermedad de la sangre denominada talasemia, se había enfrentado contra el gigante farmacéutico Apotex al haber divulgado que un fármaco de la compañía podía provocar efectos secundarios letales en los enfermos de talasemia. La empresa, que la había contratado, antes de preocuparse por la salud pública, calculó las pérdidas económicas y la acosó con una descomunal campaña de desprestigio. Su universidad, lejos de apoyarla, la destituyó de su alto cargo en el hospital infantil universita...
La prestigiosa doctora Nancy Olivieri de la Universidad de Toronto, investigadora experta sobre una extraña enfermedad de la sangre denominada talasemia, se había enfrentado contra el gigante farmacéutico Apotex al haber divulgado que un fármaco de la compañía podía provocar efectos secundarios letales en los enfermos de talasemia. La empresa, que la había contratado, antes de preocuparse por la salud pública, calculó las pérdidas económicas y la acosó con una descomunal campaña de desprestigio. Su universidad, lejos de apoyarla, la destituyó de su alto cargo en el hospital infantil universitario, aunque posteriormente tuvo que restituirla en su puesto debido a la presión popular.
Esto es un ejemplo ilustrativo de lo que sucede cuando la Universidad no antepone el bienestar público y social común al interés económico particular. La relación universidad y empresa, materializada en fundaciones, es uno de los puentes más importantes por el que los estudiantes se integran en el mundo laboral. Por otra parte, la participación empresarial en el ámbito universitario no se limita en términos económicos, sino también a nivel orgánico. Con la derogada LRU, los empresarios ya eran considerados como unos de los agentes sociales del Consejo Social desde donde se deciden los presupuestos anuales y aspectos sobre planes de estudio, entre otras competencias.
Sin embargo, con la reforma de la Ley de Universidades impuesta por el Gobierno se crea un problemático desequilibrio en la balanza entre el espíritu universitario y la mentalidad empresarial. Se empezó favoreciendo la escuela privada frente a la pública en la educación del Bachillerato, y ahora se está atacando ferozmente a la Universidad como servicio público. Esta reforma aumenta considerablemente la participación de la patronal en las decisiones internas, en detrimento de la representación estudiantil que se reduce a mínimos vergonzosos. No hemos recibido ni la más mínima consideración, ni por parte del ministerio por la LOU ni de los rectores por su Informe Bricall.
Y para nuestra desesperación, el Gobierno alardea las supuestas bendiciones de su reforma, y la oposición se anda de rositas replicando que es una importación del tosco modelo educativo de Eduardo Zaplana, presidente de la Generalitat Valenciana. La personalidad política del Gobierno es tan nula en asuntos que atraviesan fronteras, que han importado un modelo procedente de mucho más allá de las cálidas costas valencianas. Viene de Qatar, donde tuvo lugar la última reunión de la Organización Mundial del Comercio (OMC), con su idea de incluir el servicio de enseñanza como comerciable dentro del Acuerdo General de Comercio de los Servicios, AGCS (GATS en inglés), que tantos rechazos ha suscitado por parte de estudiantes alemanes, coreanos o argentinos, además de nuestras propias protestas, consideradas como vanguardistas por los estudiantes europeos.
Resumidamente, este acuerdo prevé que la Universidad pública se convierta en simple fábrica de recursos humanos, personalizados según la demanda empresarial, sin tener en cuenta el potencial humano que cada estudiante pueda desarrollar en beneficio común, no sólo de la empresa. En el caso de España, esto se llevaría a cabo difuminando la línea que separa lo público de lo privado, y así las empresas podrían proveerse de estos recursos de una manera más barata porque, gracias a la LOU, podrían imponer sus criterios particulares en los órganos de decisión de unas universidades públicas sedientas por falta de presupuesto público y, en consecuencia, utilizar su patrimonio en vez de construir costosos centros privados propios, que aquí escasean.
El camino hacia la privatización que se está allanando ha empezado con la implantación de la reválida en el Bachillerato, que resultará ser una horrorosa multiselectividad. Por si las moscas, la liberalización incontrolada en temas educativos, propuesta por la OMC ya deja claro que los gobiernos no podrán favorecer un tipo de educación frente a otro, como la pública frente a la privada, porque 'esto favorecería a un sector del mercado'. Asimismo, los programas de formación o reciclaje que lleven a cabo los servicios públicos de empleo podrían ser denunciados por 'competencia desleal'. Además, como existe una clientela potencial de mil millones de estudiantes en el mundo, quieren empujarnos a un consumo desenfrenado en unas universidades convertidas como centros comerciales. De hecho, en Nueva Zelanda, las empresas se publicitan en las hojas de los exámenes.
A pesar del despotismo ilustrado con el que empezará a ser aplicada la LOU en los campus universitarios, el poder económico debe tener claro que en ningún momento permitiremos que se cercene la libre expresión en las aulas, mediante abusivas cláusulas en los contratos con nuestras universidades con conceptos como 'daños de imagen'. Así lo han intentado grandes empresas globalmente conocidas en los campus de EEUU, como una marca de refrescos por su complicidad con la dictadura de Nigeria o como una marca deportiva implicada en la explotación infantil en países del sureste asiático.
Consideramos que existen aspectos sociales que no pueden estar subyugados a criterios económicos de reducción de costes. Y si no existen, los estudiantes seguiremos reivindicando que existan, porque otro mundo es posible.
Montxo Vicente i Sempere es estudiante y miembro de la Junta de Gobierno de la Universidad de Alicante.