La operación contra los directivos de la FARA descubre las carencias en el control de subvenciones

La operación judicial contra dirigentes de la Federación de Asociaciones Romaníes de Andalucía (FARA) ha puesto en entredicho el seguimiento y control de las subvenciones, a pesar de que la organización había erguido sospechas desde 1998. El consejero de Asuntos Sociales, Isaías Pérez Saldaña, se escudó ayer en que la investigación realizada a instancia suya por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales se archivó sin hallar irregularidades en la FARA. La Junta de Andalucía asumirá ahora la gestión directa de los programas dirigidos a la integración de la comunidad gitana que hasta ahora des...

La operación judicial contra dirigentes de la Federación de Asociaciones Romaníes de Andalucía (FARA) ha puesto en entredicho el seguimiento y control de las subvenciones, a pesar de que la organización había erguido sospechas desde 1998. El consejero de Asuntos Sociales, Isaías Pérez Saldaña, se escudó ayer en que la investigación realizada a instancia suya por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales se archivó sin hallar irregularidades en la FARA. La Junta de Andalucía asumirá ahora la gestión directa de los programas dirigidos a la integración de la comunidad gitana que hasta ahora desarrollaba la entidad y estudia personarse en el proceso judicial junto al funcionario amenazado por los detenidos.

El supuesto desvío de 300 millones de pesetas de ayudas públicas por parte de los directivos de FARA, detenidos por supuesto blanqueo de dinero y tráfico de drogas, ha dejado en evidencia el seguimiento del dinero público. El Defensor del Pueblo andaluz, José Chamizo, pidió ayer que se intensifique el control de las ayudas públicas para evitar casos semejantes en los que, a su juicio, 'ha habido una falta de seguimiento de los programas a los que se destinaba dinero'. Chamizo lamentó que el dinero 'se haya quedado en el camino' y no haya llegado a sus destinatarios, además de expresar su preocupación por los efectos 'negativos' que pudiera tener sobre el resto del movimiento asociativo.

Izquierda Unida, por su parte, anunció ayer que pedirá la comparecencia del consejero de Asuntos Sociales, Isaías Pérez Saldaña, en el Parlamento para que explique la posible 'malversación de fondos' de su departamento. Tanto la Consejería de Asuntos Sociales como la de Empleo y Desarrollo Tecnológico subvencionaron a la federación, a pesar de que la llegada 'antidemocrática' a la cúpula de FARA de sus actuales dirigentes despertó sospechas en el titular de Asuntos Sociales a finales de 1998.

Pérez Saldaña pidió al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales que investigase a la organización, aunque el expediente se archivó sin que se detectasen irregularidades. El consejero dijo ayer en Granada que por esta razón normalizaron las relaciones. Asuntos Sociales volvió a firmar convenios de colaboración con FARA a partir de 2000. Las ayudas de Empleo y Desarrollo Tecnológico no se interrumpieron ningún año, aunque la federación justificó siempre documentalmente la aplicación de los programas. La Junta de Andalucía anunció ayer que asumirá ahora la gestión de los programas que desarrolla la FARA. El presidente andaluz Manuel Chaves dijo ayer que los colectivos afectados 'no tienen que pagar la culpa de estos desaprensivos'.

De confirmarse las irregularidades, la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico se personará en el procedimiento judicial, al igual que el titular de Asuntos Sociales, que señaló ayer en Granada que se personará junto al funcionario amenazado por los detenidos. Pérez Saldaña explicó que la banda pretendía acceder a fondos europeos y que no interrumpieron las relaciones con la FARA tras las amenazas para no entorpecer la investigación judicial.