Justicia quiere primar a los jueces que superen en un 30% el trabajo básico
Acebes discutirá con el nuevo CGPJ los incentivos de productividad
El nuevo Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que se constituirá la próxima semana, tendrá que abordar la futura Ley de Retribuciones Judiciales, que lleva negociándose desde hace casi cuatro años con las asociaciones judiciales y que prevé primar a los jueces que trabajen un 30% más de lo establecido. Aunque el ministro de Justicia, Ángel Acebes, consideró prácticamente consensuada la norma, fuentes de las asociaciones y de la oposición señalan que aún quedan algunos escollos sobre incentivos a la productividad.
Acebes anunció el lunes la próxima aprobación de la ley de retribuci...
El nuevo Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que se constituirá la próxima semana, tendrá que abordar la futura Ley de Retribuciones Judiciales, que lleva negociándose desde hace casi cuatro años con las asociaciones judiciales y que prevé primar a los jueces que trabajen un 30% más de lo establecido. Aunque el ministro de Justicia, Ángel Acebes, consideró prácticamente consensuada la norma, fuentes de las asociaciones y de la oposición señalan que aún quedan algunos escollos sobre incentivos a la productividad.
Acebes anunció el lunes la próxima aprobación de la ley de retribuciones para jueces y fiscales. El ministro señaló que el texto está prácticamente acordado con las asociaciones judiciales, pero consideró que no era lógico aprobar la ley estando a las puertas un nuevo CGPJ con el que tendrá que abordar los últimos detalles.
Según fuentes judiciales, las negociaciones quedaron interrumpidas en julio, a partir de la ruptura del acuerdo entre PP y PSOE sobre el nombramiento de cargos institucionales. Sin embargo, para entonces ya se habían acordado algunos complementos sobre el salario base y complementos de destino.
El anteproyecto prevé establecer sobre las retribuciones judiciales fijas un sistema que incentive la calidad y cantidad en el trabajo, que en definitiva premie la productividad. El principal obstáculo se refiere al complemento o incentivo sobre el volumen de trabajo realizado. Desde diez años y hasta la fecha, el trabajo judicial se mide por módulos u horas de trabajo al año, módulos que son diferentes para cada orden jurisdiccional; categoría dentro de la carrera y destino en el que se desempeñe el servicio. El CGPJ revisa periódicamente dichos módulos, aunque la última revisión no ha sido aprobada por las asociaciones judiciales.
Retrasos artificialesSegún fuentes judiciales, el ministerio y la mayoritaria y conservadora Asociación Profesional de la Magistratura se inclinan por aprobar un incentivo único para aquellos jueces y fiscales que realicen un 30% más de asuntos al año de los que marca su correspondiente módulo, lo que se traduciría en un 30% más de horas efectivas trabajadas por año.
Este sistema de incentivo único podría tener el inconveniente de crear atrasos artificiales: 'Está pensado únicamente para que los jueces que tengan retraso se dejen las cejas trabajando más horas. Pero puede suceder que aquel que no tiene atraso lo cree en su juzgado con el fin de dejarse las cejas, pero cobrando un incentivo que no le correspondería si lleva el trabajo al día', dijeron fuentes de las asociaciones.
Otro punto de discrepancia sigue siendo el tiempo de aplicación del proyecto. El ministerio contempla que el total del paquete de medidas se aplique en tres años, en tanto que las asociaciones quieren que el plazo se reduzca a uno. Ni Justicia ni fuentes judiciales o parlamentarias pudieron evaluar el incremento económico que supondrá la aplicación de la Ley de Retribuciones, precisamente porque aún no hay modelo ni cifras definidos.
Sin embargo, la mayoría de los consultados cree necesario reducir el escalón retributivo entre los magistrados del Tribunal Supremo, a los que hace dos años se incrementó el sueldo un 60% y están cerca de las 900.000 netas mensuales, y el resto del escalafón, que está entre las 300.000 y las 550.000 pesetas.
Tres niveles de incentivos
Las asociaciones Jueces para la Democracia, Francisco de Vitoria y la Unión Judicial Independiente se inclinan por fijar dentro de la nueva ley tres niveles distintos de incentivo, en función del trabajo efectivamente realizado. Los patrocinadores de esta segunda vía entienden que el módulo de trabajo actual no se corresponde a la cantidad de trabajo que razonablemente puede atender un juez, sino a aquél que es preciso efectuar para evitar que se colapse la justicia, dado que faltan un millar de plazas judiciales por crear. Estas asociaciones creen que debería establecerse un primer nivel de incentivo, el más elevado, similar al que propugna el ministerio, para los que realicen un 20% más de horas de trabajo. Pero además creen que debería establecerse un segundo nivel, un incentivo medio para los que cumplen bien con su trabajo y lo llevan al día y cubren el módulo previsto. Si trabajan bien deberían tener opción a un complemento de productividad. Un tercer nivel se establecería para los que, por distintos motivos, no tendrían oportunidad de alcanzar el módulo, teniendo en cuenta que éstos se computan anualmente. Los niveles económicos según estos tres parámetros se situarían en torno a las 700.000 pesetas anuales para el nivel más alto, 500.000 para el nivel medio y 250.000 para el inferior, si bien estas propuestas no han pasado de la hipótesis y llevan varios meses sin ser revisadas.