Retorno al pasado con los internamientos indefinidos
El Gobierno de Tony Blair ha presentado al Parlamento una lista de medidas antiterroristas que llama la atención. Algunas ponen de relieve que Londres no ha hecho más que empezar a trabajar en los deberes pendientes, sobre todo en materia financiera. Otras significan un retorno a los vicios del pasado, como la posibilidad de internar a sospechosos de manera indefinida y sin respaldo judicial.
El retorno al pasado lo representa el ministro del Interior, David Blunkett, principal promotor del internamiento sin autorización. Para ello, Londres debería dejar en suspenso el artículo 5 de la ...
El Gobierno de Tony Blair ha presentado al Parlamento una lista de medidas antiterroristas que llama la atención. Algunas ponen de relieve que Londres no ha hecho más que empezar a trabajar en los deberes pendientes, sobre todo en materia financiera. Otras significan un retorno a los vicios del pasado, como la posibilidad de internar a sospechosos de manera indefinida y sin respaldo judicial.
El retorno al pasado lo representa el ministro del Interior, David Blunkett, principal promotor del internamiento sin autorización. Para ello, Londres debería dejar en suspenso el artículo 5 de la Convención Europea de Derechos Humanos un año después de haberla incorporado al derecho británico.
Las principales medidas que propone el Ejecutivo de Blair incluyen leyes para impedir que personas residentes en el Reino Unido puedan contactar con grupos terroristas en el exterior o proveerles de fondos, bienes y servicios. Además, se requerirá a las compañías aéreas y de navegación para que entreguen toda la información disponible sobre los pasajeros y la carga. Los aviones y los aeropuertos contarán con nuevas normas de seguridad.
Las administraciones fiscal y policial podrán intercambiar información para ser más efectivas. Asimismo, la policía del Ministerio de Defensa, la policía de los transportes británicos y la fuerza policial de la Autoridad de la Energía Atómica gozarán de más poder.
Las leyes contra la incitación al odio racial incluirán el acoso por razones de religión. Se aumentará a siete años de cárcel la actual pena máxima de dos años. Los sistemas de extradición de sospechosos serán más sencillos y rápidos, mientras que se rechazará el derecho de asilo para los demandantes que sean considerados una amenaza.
La policía podrá congelar fondos y forzar a las instituciones financieras a hacer públicas ciertas transacciones. Se creará una unidad financiera antiterrorista en el marco del Servicio Nacional de Inteligencia Criminal.