La USTEC denuncia por anticonstitucional la financiación de la escuela privada
El sindicato presenta en el TSJC la demanda contra los conciertos de élite
El sindicato USTEC-STE presentó ayer ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) la demanda judicial en la que reclama la anulación de los conciertos educativos concedidos por la Generalitat a siete colegios de élite que cobran mensualidades de hasta 100.000 pesetas. La demanda puede tener importantes consecuencias sobre el modelo escolar de Cataluña ya que plantea que el sistema por el que la Generalitat financia a la escuela privada vulnera la Constitución.
El TSJC ya aceptó a trámite el recurso presentado el pasado mes de mayo po...
El sindicato USTEC-STE presentó ayer ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) la demanda judicial en la que reclama la anulación de los conciertos educativos concedidos por la Generalitat a siete colegios de élite que cobran mensualidades de hasta 100.000 pesetas. La demanda puede tener importantes consecuencias sobre el modelo escolar de Cataluña ya que plantea que el sistema por el que la Generalitat financia a la escuela privada vulnera la Constitución.
El TSJC ya aceptó a trámite el recurso presentado el pasado mes de mayo por esta central sindical, mayoritaria en la enseñanza pública en Cataluña, contra la concesión de financiación pública a los colegios Sil, Saint Paul's School y Súnion, de Barcelona; Pere Vergés, de Badalona, y La Vall, La Farga y Viaró, situados en el Vallès Occidental y vinculados al Opus Dei.
La demanda, que ha sido redactada con la colaboración del catedrático de Derecho Constitucional Eliseo Aja, recuerda que la Constitución proclama la gratuidad de la educación básica y la igualdad de todos para acceder a la enseñanza pública. 'En Cataluña', añade, 'la mayoría de los centros concertados vulneran la gratuidad introduciendo la discriminación económica', ya que las familias deben pagar una cuota mensual, muchas veces a través de una fundación. El pago de estas cuotas, añade el sindicato, está 'totalmente generalizado en Cataluña' y esta 'vulneración generalizada' tiene su origen en la norma autonómica que desarrolla la Ley Orgánica del Derecho a la Educación (LODE), que 'por activa o por pasiva produce la vulneración del derecho fundamental a la educación en las condiciones fijadas por la Constitución'. Esta norma, según el sindicato, es el decreto regulador de los conciertos escolares aprobado por la Generalitat el 23 de febrero de 1993.
La demanda establece tres razones para 'proclamar la ilegalidad' y 'declarar la nulidad' del decreto. En primer lugar, asegura el sindicato, porque no atiende a los 'dos criterios fundamentales' que establece la LODE: las necesidades de escolarización y la atención a poblaciones en condiciones socioeconómicas desfavorecidas. La Cámara catalana, indica la demanda, no ha aprobado ninguna ley que desarrolle los criterios fundamentales de la LODE ni ha elaborado 'una programación específica de las plazas escolares de nueva creación', pese a que así lo establece esta ley orgánica.
En segundo lugar, la USTEC considera que el desarrollo de la LODE se ha hecho 'directamente a través de un decreto y sin una ley de desarrollo del Parlament', en contra de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Y en tercer lugar, la demanda apunta que el decreto supone 'una vulneración directa del derecho fundamental a la gratuidad de la educación básica y a la no discriminación por razones económicas, debido a la falta de normativa autonómica eficaz'. En la demanda, la USTEC menciona otro aspecto que, en su opinión, podría incurrir en inconstitucionalidad: uno de los siete colegios a los que se ha concedido un concierto, La Vall de Sabadell, está situado muy lejos del centro urbano y es obligatorio acudir en transporte privado y utilizar el comedor, con lo que los hijos de familias con pocos ingresos nunca podrán a acceder a él.
La sentencia que emita en su momento el TSJC tendrá 'carácter trascendental', según el portavoz del sindicato, Carles Martínez, ya que la sala no sólo deberá pronunciarse sobre la legalidad de los siete conciertos a colegios de élite, sino sobre si el decreto que regula la financiación de la escuela privada es constitucional o no y si se ajusta a la LODE.
El sindicato subraya que está probado que Enseñanza concedió los conciertos a estos colegios en contra de los informes de sus propios inspectores, que consideraban que no cumplían ninguno de los dos requisitos que establece la ley: que haya necesidades de escolarización en la zona y que el centro atienda a alumnos con condiciones socioeconómicas modestas. La titular del departamento, Carme Laura Gil, sostiene que estas condiciones no son requisitos de obligado cumplimiento, sino criterios de preferencia.
'Hay dinero disponible'
Una de las pifias más sonadas del conseller en cap, Artur Mas, se produjo al intentar justificar los conciertos a escuelas de élite. 'Cuando todos los que deben tener concierto ya lo tienen y aún hay algún dinero más para dar a esta línea de los conciertos educativos, se pueden acoger escuelas que, cumpliendo los requisitos, condición absolutamente fundamental, tal vez no tengan exactamente las mismas características preferentes que pueda tener otra escuela', dijo. 'No sé si me explico', añadió, 'una cosa es cumplir los requisitos y otra es cumplir unas condiciones preferentes. Estos siete colegios cumplían los requisitos, y como no había presión para dar conciertos a otras escuelas y por lo tanto había un dinero disponible, se consideró que no hacía falta que cumplieran estas condiciones preferentes'.