Acuerdos en entredicho

Portavoces eclesiásticos, incluido el presidente de los obispos, Antonio María Rouco, han esgrimido los acuerdos Iglesia-Estado de 1979 para intentar desactivar la crítica social desencadenada por los despidos de profesores de religión en la enseñanza pública por motivos concernientes a su vida privada. Y no han faltado tampoco menciones más o menos veladas a esos acuerdos, además de referencias a la parábola evángelica de los talentos, para explicar ante una opinión pública escandalizada la implicación de algunas diócesis y órdenes religiosas en el asunto Gescartera, con inversiones cifradas ...

Portavoces eclesiásticos, incluido el presidente de los obispos, Antonio María Rouco, han esgrimido los acuerdos Iglesia-Estado de 1979 para intentar desactivar la crítica social desencadenada por los despidos de profesores de religión en la enseñanza pública por motivos concernientes a su vida privada. Y no han faltado tampoco menciones más o menos veladas a esos acuerdos, además de referencias a la parábola evángelica de los talentos, para explicar ante una opinión pública escandalizada la implicación de algunas diócesis y órdenes religiosas en el asunto Gescartera, con inversiones cifradas en unos 2.500 millones de pesetas, algunas bajo sospecha de ser dinero negro, y la existencia de una sociedad de inversión en Bolsa destinada específicamente a rentabilizar fondos de la Iglesia.

En la estela del impacto social dejada por tales comportamientos se ha producido el pasado jueves la visita del ministro español de Exteriores, Josep Piqué, al Vaticano para dar un repaso bilateral a la marcha de los acuerdos en lo relacionado sobre todo con la financiación estatal de la Iglesia y la enseñanza de la religión católica en las escuelas públicas. El ministro se ha limitado a pedir a la Iglesia una 'mayor sensibilidad social' a la hora de renovar los contratos de los profesores de religión, pero no ha cuestionado el marco jurídico que permite a los obispos designar y despedir a docentes de la enseñanza pública que son contratados y pagados por el Estado.

Piqué y el Vaticano han reiterado la validez del 'marco de cooperación asegurado por los acuerdos entre la Santa Sede y el Estado español de 1979'. Pero son muchas las voces, de ámbitos políticos, jurídicos y sociales, que discrepan de ese diagnóstico: aquellos acuerdos, negociados en los años de la transición política, no son la formulación jurídica adecuada del mandato constitucional que compromete al Estado a mantener 'las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia católica'. Su anacronismo y desintonía constitucional se acentúan con la interpretación ventajista que hacen los obispos, empeñados ahora en arrancar del Gobierno un decreto que haga obligatoria la enseñanza de la religión católica en las escuelas y en un retoque al alza del coeficiente de asignación tributaria a la Iglesia.

Los portavoces eclesiásticos hablan de dinero de la Iglesia para justificar su libre disposición, incluidas inversiones en Bolsa. Pero en su mayor parte ese dinero procede del erario público: de los Presupuestos del Estado -21.750 millones este año- o de generosas subvenciones que compensan la actividad de la Iglesia en servicios sociales o en la enseñanza, la sanidad, los cuarteles y las cárceles. El Estado, constitucionalmente aconfesional, paga religiosamente la nómina de más de 18.000 profesores de religión católica, a los que luego los obispos despiden al margen de las leyes del Estado, y aporta unos 400.000 millones de pesetas a los colegios concertados que gestionan las órdenes religiosas y otras instituciones eclesiásticas. De otro lado, la Iglesia católica goza de tal cúmulo de exenciones fiscales en sus actividades y propiedades -contribución urbana, renta y patrimonio, sucesiones, transmisiones patrimoniales- que su situación se asemeja a un paraíso fiscal en comparación con la común de los españoles. Mientras tanto, la Iglesia nada hace por cumplir su 'propósito de lograr por sí misma los recursos suficientes para la atención de sus necesidades', reflejado en el mismo acuerdo que le otorga ese generoso régimen de exenciones fiscales.

Nadie discute la importante labor social de la Iglesia ni su derecho a recibir las correspondientes ayudas estatales por esos servicios. Pero los acuerdos de 1979 contienen aspectos chirriantes que no se corrigen sólo con la mayor sensibilidad social que Piqué pide a los obispos. Hace tiempo que esos acuerdos demandan su actualización, en la línea del tratamiento constitucional del hecho religioso y el actual sentir de los españoles en la materia. Lo que habría sido considerado poco menos que una declaración de guerra si lo hubiera planteado un Gobierno socialista, podría resultar menos conflictivo si la iniciativa la toma un partido como el PP. Con la prudencia aconsejable, pero con determinación.