Columna

Legalizarlas

The Economist, semanario liberal, desde la defensa de las libertades y desde el pragmatismo, defendió de nuevo poco antes de la pausa de agosto la legalización de las drogas. La ilegalización de algunas de ellas ha generado tal tráfico de dinero que se está convirtiendo en uno de los mayores riesgos para la seguridad ciudadana, y, por la corrupción que entraña, para las democracias; y no sólo para los llamados narcoestados. Es necesario plantearse con seriedad no ya la despenalización, sino la legalización que permitiría controlarlas mejor y reducir la criminalidad que conllevan,...

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The Economist, semanario liberal, desde la defensa de las libertades y desde el pragmatismo, defendió de nuevo poco antes de la pausa de agosto la legalización de las drogas. La ilegalización de algunas de ellas ha generado tal tráfico de dinero que se está convirtiendo en uno de los mayores riesgos para la seguridad ciudadana, y, por la corrupción que entraña, para las democracias; y no sólo para los llamados narcoestados. Es necesario plantearse con seriedad no ya la despenalización, sino la legalización que permitiría controlarlas mejor y reducir la criminalidad que conllevan, aunque con un aumento previsible del consumo dado su abaratamiento, un coste social que pocos partidos políticos están dispuestos a afrontar. Como intelectual, Jorge G. Castaneda se pronunció a favor, pero desde que es canciller de México tales propósitos han quedado olvidados.

Naciones Unidas sitúa los ingresos de la industria ilícita de la droga en cerca de 500.000 millones de dólares, es decir, por encima del comercio del petróleo. Esta cifra vale tanto o tan poco como otras. Lo importante es que en su derredor se ha creado todo una red de intereses para mantener la prohibición, desde los propios productores y traficantes, hasta los expertos o las fuerzas que persiguen la narcoproducción y el narcotráfico, en lo que alguno ha llamado el 'complejo drogo-industrial', en paralelo al 'complejo militar-industrial', con el que guarda relación. ¿No afirmó no hace tanto un general estadounidense que 'la guerra contra las drogas es la única que tenemos ahora mismo disponible' para justificar los gastos militares.

Un estudio de la RAND Corporation llegó a la conclusión de que aplicar el prohibicionismo cuesta 15 veces más que los tratamientos para lograr la misma reducción en costes sociales del consumo de drogas. La Administración Nixon gastó 65 millones de dólares en la guerra contra la droga en 1969; la de Reagan en 1982, 1.650 millones; y la de Clinton en 2000, cerca de 18.000 millones. Y no nos equivoquemos: los anuncios de capturas por la policía significan que está entrando mucho más.

Se llega a situaciones absurdas como la de EE UU con el Plan Colombia, con el que financia a las dos partes en una guerra civil: al gobierno para luchar contra la narcoproducción y de paso contra las guerrillas -ambos elementos están estrechamente vinculados- y a éstos a través de la demanda de drogas en EE UU, aunque estabilizada. La situación está cambiando: la producción de marihuana en EE UU y Canadá representa ya más de la mitad del consumo local, lo cual puede explicar los renovados llamamientos para la legalización de esta droga, en Estados, pero también en Colombia que ve en la prohibición una de las raíces de sus profundos males.

Excluyendo las drogas de diseño, que no entran en estas consideraciones, en esta 'única multinacional del Tercer Mundo', como alguno define la producción y comercio de droga ilegal, hay efectos globo de carácter geopolítico. Así los talibán han prohibido en las zonas que controlan en Afganistán el cultivo del opio, lo que puede desplazarlo al triángulo de oro en el sureste asiático o a Colombia y países vecinos.

La legalización es una medida que no se puede tomar en un solo país, pero sí en un área ya extensa y poblada como la Unión Europea, donde algunos Estados han dado pasos importantes. Bélgica, y Portugal han seguido a Holanda en su política liberal hacia las drogas blandas. Otros han abierto la mano. Hay, sin embargo, Estados en la UE tajantemente antidrogas, como Suecia. Algunos expertos en la materia, como el profesor Carlos Resa en España, creen que la legalización se hará primero en EE UU (donde crece el apoyo a tal medida) o no se hará. Pero Europa, como en otras materias, puede marcar el rumbo. Armonizar las legislaciones nacionales, sería un primer paso; la legalización, el siguiente. Aunque a algunos pueda parecerles chocante, ésta podría ser una contribución de Europa, a la gobernabilidad global, en este caso para reducir, en parte, uno de los aspectos más oscuros de la globalización.

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aortega@elpais.es

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