La Junta estudia excluir a las ONG que inviertan en bolsa de las ayudas públicas

La Consejería de Asuntos Sociales prepara un decreto que obligará a las ONG a acreditar que no invierten sus fondos en valores bursátiles si aspiran a recibir alguna subvención autonómica. Esta medida, que será debatida hoy en el primer Consejo de Gobierno tras las vacaciones, irá dirigida a todas las asociaciones y fundaciones, creadas sin fines lucrativos, que solicitan alguna ayuda de cualquier departamento de la Administración andaluza.

'No estamos dispuestos a que ninguna ONG utilice el dinero de los andaluces para jugar al bingo', dijo ayer con ironía el consejero de Asuntos Socia...

La Consejería de Asuntos Sociales prepara un decreto que obligará a las ONG a acreditar que no invierten sus fondos en valores bursátiles si aspiran a recibir alguna subvención autonómica. Esta medida, que será debatida hoy en el primer Consejo de Gobierno tras las vacaciones, irá dirigida a todas las asociaciones y fundaciones, creadas sin fines lucrativos, que solicitan alguna ayuda de cualquier departamento de la Administración andaluza.

'No estamos dispuestos a que ninguna ONG utilice el dinero de los andaluces para jugar al bingo', dijo ayer con ironía el consejero de Asuntos Sociales, Isaías Pérez Saldaña. Esta iniciativa, que se pone en marcha tras el escándalo de Getscartera, que ha destapado varias inversiones bursátiles de asociaciones religiosas, no excluiría, sin embargo, el depósito de fondos en otros productos financieros de renta fija. De ponerse en marcha esta medida en Andalucía afectaría a todas las congregaciones religiosas que gestionan centros de servicios sociales -las residencias de la tercera edad son un ejemplo claro- financiados por la Junta de Andalucía.

Pérez Saldaña explicó ayer que la Administración dispondría de dos vías para comprobar que la entidad que opta a alguna subvención cumple con el requisito: una declaración jurada de la propia organización en la que asegure que carece de inversiones en bolsa o una certificación de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) donde se acredita que no tiene activos bursátiles.

El consejero también informó ayer de la demanda de la tarjeta sesentaycinco, dirigida a la población de más de 65 años. Desde el pasado marzo, cuando se aprobó, se han repartido 90.000 tarjetas, aunque las solicitudes se incrementan hasta las 314.000. De las peticiones, el 53% son mujeres. La distribución provincial de las tarjetas ya entregadas es bastante desigual: en Sevilla se han repartido 16.000, en Córdoba, Málaga, Granada, Cádiz y Jaén, unas 12.000; mientras que en Almería y Huelva se han remitido alrededor de 6.000 en cada caso.