Justicia fija turnos de guardia para evitar que los jueces liberen a menores por falta de psicólogos

Los técnicos no acudieron entonces a la comparecencia alegando que no tenían obligación de ir porque la detención se había producido en fin de semana y su convenio colectivo (son funcionarios laborales) no establecía guardias remuneradas.

El turno de guardia establecido por Justicia funciona desde los primeros días de agosto, informaron ayer fuentes jurídicas. Se trata de un turno rotatorio entre los miembros de los 12 equipos técnicos con que cuenta la Sección de Menores de la Fiscalía, y funciona a partir de las nueve de la mañana de cada día y durante 24 horas. Justicia ha fijado una...

Los técnicos no acudieron entonces a la comparecencia alegando que no tenían obligación de ir porque la detención se había producido en fin de semana y su convenio colectivo (son funcionarios laborales) no establecía guardias remuneradas.

El turno de guardia establecido por Justicia funciona desde los primeros días de agosto, informaron ayer fuentes jurídicas. Se trata de un turno rotatorio entre los miembros de los 12 equipos técnicos con que cuenta la Sección de Menores de la Fiscalía, y funciona a partir de las nueve de la mañana de cada día y durante 24 horas. Justicia ha fijado una remuneración de 31.352 pesetas brutas por funcionario y guardia.

Tras la polémica que suscitó la libertad del citado menor, de nacionalidad marroquí, Justicia lanzó fuertes críticas contra los técnicos, adscritos a la Fiscalía de Menores. Un portavoz de Justicia arremetió entonces contra los técnicos y recordó que existían horas extra para estos menesteres. Los técnicos replicaron a Justicia que las horas extra no eran la solución al problema y que era imperativo establecer un turno de guardia, como ocurre con los juzgados. Desde la Fiscalía del Tribunal Superior se añadió, además, que imponer horas extra a estos equipos técnicos quebrantaba la legalidad. Según la ley, las horas extra son un instrumento limitado y voluntario de prolongación de la jornada laboral en ningún caso extensible al fin de semana.

La decisión judicial que atizó la polémica fue adoptada por la juez María de Gracia Martín Duarte, del Juzgado número 6 de Menores. El 16 de junio, sábado, esta magistrada se limitó a cumplir el acuerdo que, tres meses antes, había adoptado la Junta de Jueces de Menores de Madrid. Estos elaboraron un informe que elevaron a Justicia y al Consejo General del Poder Judicial, donde denunciaban la insuficiencia de medios con que se veían abocados a afrontar su trabajo tras la entrada en vigor, el pasado 13 de enero, de la Ley de Responsabilidad Penal del Menor. Esta ley impone que el juez debe oír las sugerencias de los técnicos antes de adoptar una medida cautelar contra un menor.

Amenaza cumplida Los jueces denunciaban en ese informe casos de menores que eran detenidos los fines de semana y que permanecían en los calabozos más tiempo del necesario por falta de informes técnicos. Paralelamente, avisaron a Justicia y al Consejo de que dejarían en libertad a los jóvenes que llegasen a sus juzgados para la comparecencia sin haber sido estudiados antes por los psicólogos, como marca la ley.

La juez Martín fue la primera en cumplir la amenaza. El menor en cuestión había sido detenido el 14 de junio, jueves, 17 días después del crimen por su supuesta implicación en la muerte del ciudadano ecuatoriano Ángel María Guamán, de 50 años y pintor de profesión, cuyo cadáver había sido hallado el 28 de mayo en la calle de Escalona (Aluche). Guamán sufrió una puñalada en un muslo, con tan mala suerte que le seccionó la arteria femoral. Recibió la cuchillada cuando era atracado por tres jóvenes, entre los que se hallaba el mencionado menor.

Tras pasar 24 horas en comisaría y otras 24 en los calabozos de la fiscalía, los agentes le condujeron, el sábado, ante la juez. La magistrada le tomó declaración, pero optó por liberarle al ver que los piscólogos, de descanso semanal, no habían acudido a la comparecencia. En el auto de libertad justificó la medida en que 'una desidia administrativa' (no establecer un turno de guardia y pagarlo) no era una causa que permitiese prorrogar la detención del menor hasta el lunes. El menor huyó y fue detenido una semana después.

El fiscal jefe de Madrid, Mariano Fernández Bermejo, indicó entonces, al conocer la decisión judicial, que se sentía 'absolutamente desolado' por la situación planteada, si bien consideró 'poderosas' las razones esgrimidas por la juez, quien, no obstante, ha sido expedientada por el Consejo.