Gobierno liberal desmonta campamento

No es normal que un millar de trabajadores instalen un campamento de tiendas de campaña y casetas en la principal calle de la capital de un país, y permanezcan seis meses en esa situación, en demanda de sus reivindicaciones laborales. Es un hecho, sin embargo, que los empleados de Sintel, una antigua filial de Telefónica que se declaró en suspensión de pagos hace un año, han conseguido, gracias a esa iniciativa insólita, lo esencial de sus objetivos, aunque no por la vía voluntarista de reflotamiento de su empresa, como pretendían. Pero sería un error dar por supuesto que este episodio sienta ...

No es normal que un millar de trabajadores instalen un campamento de tiendas de campaña y casetas en la principal calle de la capital de un país, y permanezcan seis meses en esa situación, en demanda de sus reivindicaciones laborales. Es un hecho, sin embargo, que los empleados de Sintel, una antigua filial de Telefónica que se declaró en suspensión de pagos hace un año, han conseguido, gracias a esa iniciativa insólita, lo esencial de sus objetivos, aunque no por la vía voluntarista de reflotamiento de su empresa, como pretendían. Pero sería un error dar por supuesto que este episodio sienta un precedente fácilmente repetible.

En primer lugar, en cuanto a la forma de movilización. Los propios dirigentes sindicales han reconocido que se instalaron en el paseo madrileño de la Castellana pensando que serían desalojados en tres o cuatro días, tras haber captado la atención de la opinión pública. Pero no hubo tal desalojo y la posibilidad de realizarlo sin provocar un escándalo considerable se fue alejando a medida que la situación se prolongaba. Contribuyó a ello la precaución de sus líderes, que evitaron cortar la circulación y, en general, iniciativas molestas para los ciudadanos, más allá de ciertos límites.

Con el paso del tiempo, el aspecto pintoresco de la iniciativa ayudó a tejer una red solidaria de protección contra cualquier intento de intervención policial. El hecho de que varios políticos se fotografiaran con los acampados y que el Parlamento aprobara una declaración instando al Gobierno a mediar en el conflicto fue la prueba de que los trabajadores habían ganado la batalla de la opinión pública. Pero por eso mismo es improbable que las autoridades vuelvan a mantener una actitud pasiva ante cualquier intento de imitación del procedimiento. Una y no más, deben pensar.

El caso era excepcional también por las características de la liquidación de Sintel. Esa empresa especializada en el cableado de líneas había sido vendida por Telefónica en abril de 1996 -tras la victoria de Aznar pero con el Gobierno socialista todavía en funciones- al empresario cubano y líder anticastrista Mas Canosa, quien, a su vez, la transfirió, cuando ya se veía que había dejado de ser rentable, a otros propietarios en un proceso que fue diluyendo las responsabilidades y que presenta suficientes sombras como para que el juez Garzón haya admitido a trámite una denuncia presentada por la Fiscalía Anticorrupción. Los trabajadores exigían la intervención del Gobierno alegando que cuando se inició ese proceso Telefónica era empresa pública. A ese factor se añadía la doble presión de quienes instaban al Ejecutivo a intervenir por la entidad social del problema (1.800 familias) y quienes le reprochaban su falta de autoridad al permitir el espectáculo de un campamento en el centro de Madrid.

El Gobierno no ha tenido más remedio que guardarse el recetario del buen liberal y tomar cartas en el asunto. El plan elaborado por varios ministerios contempla prejubilaciones anticipadas, bajas voluntarias incentivadas y la recolocación de la mitad de la plantilla en empresas del sector. Esto último es lo más novedoso. Presionada por el Gobierno, Telefónica ha presionado a su vez a proveedores suyos para que acepten una determinada cuota de trabajadores de Sintel. Responsables de una de esas empresas, Elecnor, han declarado con admirable sinceridad su disposición a 'satisfacer a un cliente tan importante como Telefónica'. Además, se ha garantizado, con avales del Gobierno, el cobro de los salarios atrasados. En conjunto, son condiciones extraordinariamente ventajosas, y de ahí el temor a que se haya sentado un precedente al que intentarían acogerse todos los trabajadores que pierdan su empleo. Sin embargo, de lo dicho se deduce que es difícil que las circunstancias que han hecho posible este desenlace vuelvan a producirse. Entre otras cosas, porque el Gobierno no podría ya mirar para otro lado, ahora que sabe lo que cuesta.