El secretario de Estado de Hacienda dimite tras el escándalo de Gescartera

Enrique Giménez-Reyna, secretario de Estado de Hacienda, presentó ayer su dimisión al ministro de Economía, Cristóbal Montoro. La decisión se produce tras destaparse el escándalo de la sociedad Gescartera, presidida por la hermana de Giménez-Reyna e intervenida por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) tras dejar un agujero ...

Enrique Giménez-Reyna, secretario de Estado de Hacienda, presentó ayer su dimisión al ministro de Economía, Cristóbal Montoro. La decisión se produce tras destaparse el escándalo de la sociedad Gescartera, presidida por la hermana de Giménez-Reyna e intervenida por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) tras dejar un agujero de al menos 13.000 millones de pesetas, por el que sus responsables figuran como imputados en la Audiencia Nacional. El secretario de Estado, según se conoció ayer, fue consejero de una agencia de valores (Sefisur) que fue sancionada en 1995 por la CNMV, según publica hoy Cinco Días.

Tras estallar el escándalo de Gescartera, el secretario de Estado de Hacienda reconoció que era uno de los afectados al haberle confiado 1,5 millones de pesetas a esa sociedad financiera presidida por su hermana.

Enrique Giménez-Reyna había rechazado, hasta la noche de ayer, la posibilidad de presentar su dimisión. El Gobierno defendió en todo momento a su secretario de Estado.El número dos de Hacienda deja su cargo el mismo día en que el Gobierno anunció la creación, mediante real decreto, de un Fondo de Garantía de Inversiones, cuyos recursos procederán de los intermediarios financieros, que permita paliar total o parcialmente las pérdidas sufridas en casos como el de Gescartera. El Ejecutivo central no ha precisado la cuantía máxima que cubrira este fondo.

En la Comisión Nacional del Mercado de Valores ya han acreditado sus inversiones en Gescartera al menos 430 clientes, que habían depositado hasta 5.660 millones de pesetas.

Entre los perjudicados figuran la ONCE y los Huérfanos de la Guardia Civil, que han reclamado la devolución de sus inversiones.