Una investigación constata falsificaciones de firmas para 'inflar' cursos organizados por la UGT malagueña

La investigación judicial iniciada tras la denuncia de la organización Manos Limpias sobre supuestas irregularidades en el manejo de las subvenciones para formación por parte de la Federación de Servicios Públicos de la UGT malagueña ya tiene sus primeras conclusiones. Las pesquisas han constatado falsificaciones de firmas realizadas presuntamente para 'inflar' los cursos y cobrar por más alumnos de los que en realidad asistieron. Incluso existe la sospecha de que algunos ni siquiera llegaron a impartirse, aunque la FSP los cobró.

La investigación comenzó hace algo más de un año ...

La investigación judicial iniciada tras la denuncia de la organización Manos Limpias sobre supuestas irregularidades en el manejo de las subvenciones para formación por parte de la Federación de Servicios Públicos de la UGT malagueña ya tiene sus primeras conclusiones. Las pesquisas han constatado falsificaciones de firmas realizadas presuntamente para 'inflar' los cursos y cobrar por más alumnos de los que en realidad asistieron. Incluso existe la sospecha de que algunos ni siquiera llegaron a impartirse, aunque la FSP los cobró.

La investigación comenzó hace algo más de un año por tres delitos: falsedad, apropiación indebida y malversación de fondos públicos. Según fuentes judiciales, la falsedad es 'evidente' ya que la mitad de los casi 600 alumnos que declararon ante la policía negó haber asistido a curso alguno y otros no reconocieron las firmas como propias.

La instrucción no está cerrada, ya que ahora se deben cuantificar los fondos supuestamente percibidos de más por la UGT y el destino que se dio a esos recursos. Es decir, determinar si existió malversación de fondos públicos y apropiación indebida, como denunció Manos Limpias. La investigación añade la posibilidad de un presunto delito contra la Hacienda Pública ya que si los cursos tuvieron menos alumnos, la diferencia de dinero debería haber sido devuelta al Forcem, el organismo del Ministerio de Trabajo que asigna los fondos de formación. La causa se centra en los cursos organizados entre los años 1997 y 2000.

Las sospechas recaen en tres personas: Francisco Povedano, entonces responsable de organización de la FSP y actual secretario provincial de la federación; Fernando Caro, que en aquellos años ocupaba la secretaría de administración y formación; y Rosa Sánchez, administrativa de la FSP. De momento, ninguno está imputado. En su primera declaración, los tres han negado haber cometido irregularidad alguna. En principio, están fuera de sospechas José Miguel Frías, ex secretario provincial de la federación, y los responsables de la academia que impartió los cursos.

A lo largo de la investigación, se han constatado 'muchísimas irregularidades', así como firmas ostensiblemente diferentes a las de los carnés de los supuestos alumnos. Resulta llamativo que basureros realizaran cursos de control de calidad, que ningún inscrito desistiera antes o durante los cursos, que hubiera clases en festivos o que un mismo profesor impartiese enseñanza el mismo día en localidades muy alejadas entre sí. 'Parece un intento de justificar las clases a raíz de la investigación judicial', explicaron las fuentes. Las diligencias se abrieron tras la denuncia presentada ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que acabó en un juzgado malagueño.